La nueva medida puesta en marcha por la rectora de la Universidad de Málaga (UMA) y presidenta de la Conferencia de Rectores Universitarios Españoles (CRUE), Adelaida de la Calle, ya ha saltado las fronteras malagueñas y copar las conversaciones de universitarios granadinos. Una idea de 'mecenazgo' que pretende que empresas y particulares donen dinero a una cuenta bancaria para que se cree un 'fondo' con el que ayudar a universitarios que no puedan pagar la matrícula.

Pese a ser una medida que no se plantea la Universidad de Granada en los términos en los que lo ha hecho De la Calle, la comunidad universitaria no es ajena al debate. Incluso en el último Consejo de Gobierno de la Universidad (celebrado a finales de julio) un profesor propuso algo por el estilo: que fuera la propia comunidad universitaria -profesores y demás personal- la que hiciera donaciones para ayudar a estudiantes con menos recursos. "No fue una propuesta formal pero fue apoyada por la mayoría", explica Francisco Hidalgo, de la Coordinadora de Estudiantes.

Propuestas como ésa tratan de paliar la precariedad que genera la situación económica que sufren cada vez más estudiantes universitarios. Sin embargo, "pese a que las iniciativas que partan de la Universidad son bienvenidas, en realidad son parches que no solucionan el problema fundamental, que es que se está restringiendo el acceso a la universidad", afirma Hidalgo, quien además ve "factible y posible" que la UGR acabe poniendo en marcha esta clase de medidas, pese a que no acaban de gustar al resto de la comunidad de alumnos de la Universidad granadina.

La mayoría de los representantes de estudiantes ven la propuesta de De la Calle como negativa. Desde "caridad" a "limosna", las críticas a esta medida que ya está en marcha en la Universidad de Málaga (UMA) no se quedan cortas. Todos aseguran que el sistema de becas es responsabilidad del Gobierno de España, por lo que debe ser éste el que dé respuesta a los problemas de este ámbito.

Desde la Delegación de Estudiantes de la UGR, Ricardo Rosa asegura que las becas para alumnos "no pueden sustentarse en la financiación privada" porque, con una medida así, "se convierte un derecho en una limosna para pobres". "Las becas tienen que ser algo estable, y no una limosna que dependa del dinero que alguien quiera dar", afirma.

Rosa cree que la UGR no tendría por qué acudir a una medida así, "la Universidad tiene el plan de becas propio más potente de España, con dos millones y medio de euros", asegura a la vez que añade que son las instituciones públicas -Gobierno de España, Junta de Andalucía o incluso ayuntamientos que ayudan a sus jóvenes para que accedan a la universidad- las que tienen el deber de becar a los alumnos, "no se puede trasladar a la iniciativa privada, sería irresponsable y muy arriesgado", sentencia.

La misma opinión la tiene Javier Castillo, de la Coordinadora de Estudiantes, quien espera que en la UGR no sea necesario acudir a medidas como ésta. "Espero que busquen otros medios y programas efectivos de becas". Castillo asegura que se trata de "limosna para estudiantes pobres". "Es patético y escandaloso, en la UGR espero que no den respuestas absurdas, porque esto es una forma de ridiculizar la pobreza de los estudiantes", asegura.

No son sólo los estudiantes granadinos los que han criticado la propuesta de de la Calle. El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras, manifestó ayer que el apadrinamiento "es una especie de beneficencia" y que un sistema universitario sólido "no tiene que estar a la opinión o a la decisión de determinadas personas que quieran ayudar a estudiantes".

Tampoco el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez, parece estar de acuerdo con la medida de la UMA. Suárez insistió ayer en reclamar a los poderes públicos la garantía del derecho a la igualdad de oportunidades en la educación pública, "sin buscarla en formas sucedáneas de caridad o filantropía privadas".

Por su parte, el Gobierno sí comparte la visión de De la Calle. El director general de Universidades, Francisco Morán, explicó ayer que se trata de fomentar la intervención de las empresas y de la sociedad para que haya un equilibro entre lo público y lo privado. "Esto favorecerá la inversión de recursos de las empresas en las universidades para investigación", argumentó.