Las viviendas granadinas suspenden el examen de idoneidad energética. Desde el pasado 1 de junio, un real decreto obliga a todos los inmuebles en venta, o en alquiler de más de cuatro meses, a obtener un certificado donde se muestre la eficiencia en cuestiones de consumo de energía. Sin embargo, un 88% de los domicilios de la provincia que han pasado por esta valoración en el último trimestre han obtenido una mala calificación, según los datos de Certicalia, plataforma certificadora a nivel nacional.

Tras las comprobaciones pertinentes, llega la hora de que los técnicos pongan nota. La evaluación se hace en una escala que va de la A (de ahorro) a la G (de gasto), un 29% de los registros han recibido la peor puntuación, aunque el resultado más común viene a ser la calificación E, la tercera más baja, que reciben el 53% de viviendas. Según el patrón establecido, la mayoría de los que cuentan con esta etiqueta energética no llegan ni al aprobado raspado, que supondría alcanzar una D, nota que reciben el 6%, y que sólo superan un porcentaje similar que llegan a la B, equivalente a un notable.

Sin embargo, desde Certicalia insisten en que obtener una E no debe ser motivo de alarma para los propietarios, ya que la mayoría de las viviendas calificadas desde la puesta en marcha de la nueva normativa se encuentran en edificios construidos antes de 2007. Antes de 1980 no existía normativa alguna en materia de eficiencia energética de los edificios, y desde esa fecha hasta hace seis años únicamente se hacía hincapié en el aislamiento, sin tener en cuenta factores como la orientación o la protección solar.

El año de construcción tiene por tanto una gran influencia sobre la calificación obtenida por el inmueble, según explican desde la Fundación CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos). Y es que con la implantación del último código técnico de la edificación, se establecieron por fin unos requisitos mínimos para el ahorro de energía para las viviendas.

Gracias a las pautas establecidas y sobre todo a las limitaciones, los inmuebles construidos más recientemente reducen su demanda energética respecto a edificios construidos en periodos anteriores. Uno de los factores que más influyen en el ahorro es la orientación de la vivienda. Mientras que la sur es la más favorable, una casa dispuesta hacia el norte -más fría- tendrá mayor demanda de calefacción en los meses de invierno. Aunque durante el verano la orientación sur necesita algo más de refrigeración, las que más sufren el recalentamiento en la época estival son las disposiciones este y oeste.

En cuanto a los sistemas de climatización, ya sea calefacción, aire acondicionado o agua caliente, el gasto varía según el combustible que utilicen. La fuente de energía empleada marca las emisiones de gases nocivos emitidos a la atmósfera y a su vez la calificación que obtienen los inmuebles. Así las energías renovables -biocarburante o biomasa- mejoran la nota energética, mientras que los sistemas alimentados por electricidad -termos y calderas eléctricos- son los que mayor penalización reciben.

A la hora de certificar una vivienda, las ventanas son otro de los factores determinantes, los materiales que compongan tanto el vidrio como el marco serán determinantes para la valoración de pérdida de calor o de frío que pueda producirse. A mayor grosor del cristal, menor filtración habrá, por lo que el doble acristalamiento hace que el inmueble gane puntos. Asimismo, los marcos más habituales son los de aluminio, aunque los que mejor aíslan son los de PVC y sobre todo los de madera.

En el informe que el técnico certificador realiza para otorgar la calificación energética a un inmueble se incluyen además posibles medidas de mejora. Se trata de recomendaciones a nivel informativo, que no suponen ningún tipo de obligación por parte del propietario. Entre los consejos más habituales que se dan para mejorar la eficiencia energética de las vivienda está el refuerzo en el aislamiento de muros, añadir protecciones solares en las fachadas más castigadas por el sol, renovar las ventanas de un edificio o cambiar la caldera por una de mayor rendimiento.

No es obligatorio obtener una buena calificación, ni hacer obras para mejorarla, pero sí obtener este certificado porque, de no realizarse, la multa asciende a 6.000 euros. Además el modo de funcionamiento es relativamente sencillo. El propietario de la vivienda tiene que buscar a algún técnico que le haga el informe y, una vez finalizado, inscribirlo en la Junta de Andalucía.

Aunque suspender este examen no tiene ningún tipo de sanción, una buena puntuación en la valoración del técnico no sólo se traduce en una vivienda más eficiente, con el consiguiente ahorro de energía, sino que puede aumentar el valor del inmueble de cara a una futura venta.

El documento, que tiene una validez de diez años, tiene que conservarse, ya que los técnicos de la Junta podrían hacer inspecciones, además de ser necesario para la tramitación de venta o alquiler. No obstante, si el propietario tras realizarlo hace cualquier tipo de mejora y deseara un nuevo certificado podría hacerlo en cualquier momento. El certificado también se requerirá en edificios de más de 250 metros cuadrados de alguna administración visitados por público.