La Delegación de Educación ha concluido ya el proceso de resolución de las reclamaciones por posible fraude en la escolarización, un proceso habitual cada año que tiende a dar respuesta a las denuncias de los padres que alertan sobre las 'mentiras' de otros en los domicilios de residencia para conseguir una plaza en un colegio determinado. Este inicio de curso, según informó ayer la Delegación de Educación, un total de 39 alumnos granadinos han perdido los derechos de prioridad en la elección de centro, 28 de los cuales han debido cambiar de colegio al demostrarse fraude o falsedad documental en las solicitudes de admisión a centros sostenidos con fondos públicos. La mayoría de las denuncias se han producido en el acceso a la educación Infantil de 3 años.

De acuerdo con el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, en el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, la Junta de Andalucía da plenas garantías a las familias en los derechos de escolarización. En la Orden de 24 de febrero que desarrolla dicho decreto, se establece la pérdida de los derechos de prioridad al centro solicitado en caso de que se compruebe que las solicitudes de admisión incluyen datos o documentos que no se corresponden con la realidad familiar.

La Delegación ha recibido este año un total de 24 reclamaciones por fraude en el domicilio, que han requerido que 137 casos sean investigados. Según la delegada provincial de Educación, Ana Gámez, "la colaboración institucional es básica para el éxito de estas actuaciones ya que se implican diferentes agentes". En la tramitación de estas denuncias la Delegación ha contado con la colaboración de la Fiscalía, de la policía autonómica y de la mayoría de los municipios. No así del Ayuntamiento de la capital, resaltan en una nota, "que es quien tiene las competencias sobre el padrón y que ni siquiera ha contestado a los requerimientos de la Junta en relación a la comprobación de la veracidad de los datos aportados por las familias".

Para garantizar el derecho a la escolarización de todas las familias, como paso previo a la resolución final, todas las familias denunciadas han sido oídas e informadas del procedimiento en curso y de los datos aportados por la policía autonómica.

De este modo, las resoluciones emitidas por Educación han supuesto que 39 escolares de la provincia pierdan la prioridad, una cifra inferior a la del pasado curso, en la que fueron 83 los menores afectados. Asimismo, el número de alumnos que han perdido la plaza en el centro que habían solicitado también es inferior al del año pasado ya que se pasa de los 63 del curso anterior a los 28 del presente, lo que representa un porcentaje mínimo en el proceso de escolarización de los más de 212.000 alumnos de la provincia.

Gámez destacó ayer que "la Junta de Andalucía actúa con contundencia ante este tipo de casos para garantizar el derecho de las familias en la elección de los centros escolares". Recordó, sin embargo, que "el fraude en la escolarización es una práctica poco habitual, que afecta a un porcentaje insignificante, inferior al 0'02%, del alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en nuestra provincia". Además, Gámez indicó que "cualquier alumno mantiene intacto su derecho a la escolarización" y que "Educación dispone de plazas vacantes en todas las zonas de la capital así como en los municipios".