"El único problema es el decreto". La frase, pronunciada ayer por el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ante un grupo de alumnos afectados por el aumento de los precios públicos para las asignaturas de planes a extinguir, descarga la responsabilidad de lo ocurrido la pasada semana con las matrículas de este grupo de estudiantes en la Junta.

Los antecedentes de hecho son los siguientes: unos 6.000 estudiantes -según confirmó el Vicerrectorado de Estudiantes- recibieron el pasado día 8 una carta de pago que elevaba el precio de la matrícula que ya habían cerrado días antes. Cuatro días después, recibían otra carta de pago en la que las tasas eran todavía mayores. El motivo de esta sucesión de correos -que provocó la indignación de los estudiantes- fue un "error informático", según explicó el gerente de la Universidad, Andrés Navarro. Un error que, sin embargo, ha dejado al descubierto la brutal subida de los precios públicos para los estudiantes del plan antiguo que únicamente tienen derecho a examen. La implantación de los grados del Plan Bolonia ha dejado a este grupo de universitarios descolgados, sin la posibilidad de dar clase o realizar prácticas en sus facultades. Deben pagar, a razón de 20 euros por crédito, por examinarse. El curso pasado el precio era de 20 euros, pero por asignatura.

El ya archifamoso decreto 82/2013 de la Junta que cerraba el precio "máximo" de los créditos tiene la culpa tanto de las movilizaciones de los estudiantes como del azoramiento del rector. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran tramitado hasta tres cartas de pago? Pues seguramente nada. Prácticamente todos los estudiantes consultados en las protestas de ayer y el lunes -ninguno ha querido dar su nombre- admiten que tendrán que pagar. Con lo que discrepan es con la cuantía, sobre todo porque en su momento cerraron su inscripción por una cantidad hasta diez veces menor que la que ahora tienen que asumir. Ayer, una estudiante de Farmacia, con 15 asignaturas, aseguró que de pagar 700 euros ahora tiene que abonar 2.700. Y otra compañera que por siete asignaturas pagó en plazo 200 euros y ahora le reclaman 1.160. Las dos aseguraron que "estamos pensando pasarnos al grado, nos sale más barato y tenemos derecho a clase". Ahora recogen firmas y se manifestarán para reclamar una solución el próximo viernes, día en el que el gerente, la vicerrectora de Estudiantes y representantes de los estudiantes se reunirán con Manuel Torralbo, director general de Universidades. Desde el Rectorado reconocen -tras la polvareda levantada por la indignación de los afectados- que los precios son "altos" y por ello van a pedir una solución a la Junta. La pregunta es ¿si no se hubieran tramitado tres cartas de pago, se pediría esa rebaja, que además afecta a todas las universidades públicas andaluzas?