La Fiscalía Provincial de Granada está investigando desde finales del pasado verano al Ayuntamiento de Granada y a varios promotores por un posible delito urbanístico en las construcciones comerciales y de ocio levantadas en El Serrallo, donde la normativa prevía una amplia zona verde.

La fiscal de Medio Ambiente ha solicitado la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de la Dirección General de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía.

La investigación parte de una denuncia particular fundamentada en el informe que firmó el ex director general de Urbanismo de Granada, que de forma clara y explícita pone de relieve las supuestas irregularidades cometidas en esa zona con las construcciones levantadas y los usos permitidos.

El Plan General de Ordenación Urbana prevé junto a los túneles del Serrallo una amplia zona de espacios libres para la ciudad, que tendría que haberse habilitado junto al edificio del Centro Comercial Serrallo Plaza. Pero en su lugar se han construido otros elementos como una sala de fiestas o una pista de patinaje.

Las empresas promotoras fueron adjudicatarias de un concurso municipal en el que se comprometían a instalar seis atracciones complementarias para ese parque público que debía de ir ubicado allí. Las seis atracciones se han convertido en todo lo demás que hay actualmente.

El antiguo responsable de Urbanismo decía en su informe que el espacio "se ha ocupado con tres construcciones" de un total de 1.509 metros cuadrados, "lo cual produce un claro y muy grave exceso de ocupación y de volumen construido en el espacio libre público-parque, no permitido por el ordenamiento urbanístico vigente". Y dice más: "Se introducen claramente usos prohibidos como es la sala de fiestas", por lo que a su juicio se produce "una muy grave actuación de especulación urbanística en las zonas verdes de la ciudad de Granada", agrega el informe.

El ex director de Urbanismo recomendaba que se usaran "todos los medios y procedimientos legales para restaurar todo lo realizado en contra de la vigente ordenación del territorio y el urbanismo, actuando con la mayor diligencia posible y exigiendo las responsabilidades de diversa índole que puedan derivarse de las mismas". La denuncia que llegó a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y que luego dio lugar a la apertura de la investigación de la Fiscalía señala como "intervinientes en esta operación urbanística" al alcalde, José Torres Hurtado; a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto; a cinco altos cargos municipales que emitieron informes justificando las obras o contribuyeron de algún modo a su consentimiento, y a los dos promotores de la zona del Serrallo.

En el auto de la Fiscalía pidiendo informes a la Guardia Civil y a la Junta de Andalucía, así como las alegaciones oportunas al Ayuntamiento, se hace constar que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y maquinaciones para alterar el precio de las cosas".

El antiguo director general de Urbanismo dejó el informe mencionado antes de dejar sus funciones e incorporarse como funcionario de la Diputación Provincial. Después de eso, la concejal de Urbanismo le instó a hacer un informe complementario a la vista de otros documentos "por si el contenido de los mismos pudiera influir o modificar sus conclusiones". La denuncia expone este hecho como un intento de "presión" al técnico.

Otros altos cargos de Urbanismo han redactado informes más favorables a la construcción de ocio en el Serrallo, al entender que "son usos permitidos que hacen más atractiva y placentera la estancia en el parque urbano a todos los ciudadanos".