La nueva ordenanza que el Ayuntamiento pretende aprobar sobre el control de los vados está provocando la indignación de más de 300 granadinos. La mayoría, vecinos de los barrios de Albayda y de La Cruz, que se sienten coaccionados y "amenazados". Dicen que el Consistorio les está obligando a colocar estas placas en todas las casas que posean garaje, convirtiendo en "obligatoria" una decisión que debería ser "voluntaria". Por eso, han decidido consolidar la plataforma ciudadana Consenso Cívico y han presentado hasta nueve alegaciones contra la normativa.

"Con esta ordenanza, que sustituirá a una de 1984, obligan a todos los ciudadanos de Granada que tengamos un garaje a solicitar y utilizar un vado sí o sí, cuando antes eso era algo que cada persona pedía en el supuesto de que tuviera la necesidad de que no le aparcaran en la puerta", explica Eloy Pizarro, portavoz del grupo. Lo que más encrespa a estos residentes, sin embargo, es que, para ellos, se trata de una medida con un fondo distinto al que aparenta. "¿Se trata de afán recaudatorio? Sinceramente, pensamos que sí; si salimos a unos 100 euros por vecino al cabo del año, imagine lo que se lograría con todas las casas de la capital que tengan cochera".

Más sangrante aún es el caso en el que se exige la instalación de un vado en una calle peatonal donde, se supone, sólo acceden los vehículos de los propietarios de las cocheras de ese espacio, como así indican las señales de tráfico situadas al principio de esas vías.

La plataforma, incluso, ha publicado en su web -www.consensocivico.org- varios comunicados exponiendo el problema, y en los que se llega a manifestar que si un vecino no pide el respectivo vado y accede con su automóvil a su garaje, puede llegar a pagar una multa de hasta 1.500 euros. Sanción que no se "perdonará" aunque se solicite la placa después de que la multa haya sido impuesta. Por todo ello, decidieron presentar alegaciones en la mañana del 10 de diciembre en el Ayuntamiento a la nueva ordenanza, adjuntando 312 firmas, para intentar "tumbar" dicha normativa. Admiten encontrarse hastiados ya que, como aseguran, esto viene de atrás. En julio, la Policía llegó hasta sus domicilios para denunciar la inexistencia de los vados, a pesar de encontrarse con casas con más de dos décadas que siempre habían permanecido sin ellos. Les comunicaron que tenían 20 días para solicitarlos y que, de lo contrario, tendrían consecuencias "económicas y administrativas". "Poco menos que nos llamaban defraudadores", declara Eloy Pizarro. Tras unas primeras alegaciones, la medida fue retirada. En noviembre, el Gobierno local les sorprendió con la ordenanza actual. "Las alegaciones están muy detalladas; el Ayuntamiento puede hacernos poco caso porque tiene mayoría absoluta, pero, eso sí, ha de respondernos y, si vemos necesidad, iniciaríamos un proceso contencioso administrativo que estoy convencido de que nos daría la razón", puntualizó Pizarro.