El Ayuntamiento de Granada puso ayer a prueba la solidaridad de su administración hermana en Granada, la Junta de Andalucía, a quien invitó a que se hiciera cargo de los okupas que habitan en las ruinosas cuevas de San Miguel, en el Albaicín, y sobre las que pesa una orden de desalojo. Cree el Ayuntamiento que sería una buena iniciativa por su parte alojar a estas personas con un alquiler social en los inmuebles vacíos de los que dispone la Junta por toda la ciudad.

La propuesta llega después de que el miércoles, el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, ofreciera al Ayuntamiento su programa de rehabilitación de viviendas para atajar los problemas del cerro. El ofrecimiento es, a juicio de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, cuanto menos de complicado cumplimiento; por varias causas: la primera de ellas porque las cuevas no son viviendas, "son agujeros excavados en la tierra" que se asientan sobre suelo no urbanizable. Esto significa que para poder aplicar sobre ellas el plan de rehabilitación de viviendas lo primero que habría que hacer es convertir las cuevas en casas. Esto es, habría que hacer las dotaciones de agua, de luz, de saneamiento y habría que hacer obras de urbanización en la zona para convertirlas en viviendas.

"Los programas de infravivienda no prevén obras de urbanización, prevén ayudas a las familias que por sus escasos recursos económicos viven en una situación en la que sus casas no cumplen con las normas de habitabilidad, pero esto no son viviendas con deficiencias, esto son agujeros en el cerro que lo han convertido en una especie de queso Gruyere", declaró la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.

Las cuevas están, además, amenazadas por hundimientos en la parte externa superior, lo que preocupa a los técnicos municipales. De aquí a que entre en vigor un programa de infravivienda que incluya también obras de urbanización en un suelo no urbanizable (sino rústico y con protección arqueológica) puede pasar mucho tiempo. Mientras tanto, el Ayuntamiento propone a la Junta que albergue a estos moradores en sus viviendas por un módico alquiler social.

Con este panorama por delante, la concejal de Urbanismo reconoció que no les queda más remedio que acudir al auxilio judicial para acometer el desalojo de los ocupantes de las cuevas y proceder a su derribo.