Un estudio realizado por investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) para analizar el impacto de las medidas reguladoras del consumo de alcohol en menores refleja que las familias y el profesorado prefieren la realización de trabajos sociales frente al pago de sanciones económicas, al considerar que las medidas prohibitivas no tienen el alcance necesario.

La investigación, impulsada por los investigadores de la EASP Joan Carles March y Alina Danet, se realizó con 123 alumnos de entre 12 y 17 años de seis comunidades autónomas, sus profesores, padres y madres.

La investigación muestra un importante acuerdo en cuanto a la necesidad de aplicar medidas y castigos al exceso de consumo. No obstante, se descartan medidas como las sanciones económicas o multas, así como la expulsión del menor del centro educativo. Sí se valora positivamente, por parte de todos los perfiles entrevistados, la posibilidad de alguna "sanción" enfocada hacia el trabajo social o comunitario. Por tanto, la investigación muestra que, para los propios implicados, las medidas prohibitivas no tienen el alcance necesario mientras que las estrategias de concienciación y responsabilización se convierten en las más adecuadas.