La Audiencia Provincial de Granada dio ayer un segundo carpetazo al informe patrimonial de los imputados en el caso Nevada. En un auto, de fecha 13 de junio, la Sección Segunda de la Audiencia ordena al titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miguel Ángel del Arco, que sigue las diligencias, la destrucción del atestado que elaboró la Guardia Civil sobre posible enriquecimiento ilícito. El informe había sido remitido por el juez instructor, a petición del fiscal, al decanato para que, a su vez, derivase a otro Juzgado la investigación sobre posibles incrementos de patrimonio de los imputados por la tramitación del centro comercial.

El auto, de poco menos de un folio, responde a las 25 páginas en las que el titular de Instrucción 6 argumentaba las razones jurídicas por las que, a su entender, al acordar la investigación patrimonial de los imputados no estaba en un supuesto de prueba “ilícitamente obtenida”.

Para justificar tal postura, el juez instructor estimaba que en las resoluciones de la Sección Primera de la Audiencia de Granada no había “ninguna referencia” a su anulación ni que se tratase de una “prueba ilícita”.

Por contra, el Auto de la Sección Segunda, del que ha sido ponente el magistrado Eduardo Rodríguez Cano, se limita a exponer como fundamentos de derecho que el juez instructor “no dio cumplimiento a lo acordado por la Audiencia” en el primer auto que rechazaba la investigación. Aclara así el auto que “nulo” es “aquello que no debe producir efecto”, por lo que el instructor “no debió admitir ni el informe de la Guardia Civil ni documentación anexa alguna”. En consecuencia, mantiene el criterio de la SecciónPrimera, en su primer Auto, según el cual debe procederse “a destruir” el material recepcionado “indebidamente” por el instructor.

La Sección Segunda estima así el recurso de apelación de algunos de los acusados. La nueva resolución se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, considerase en un auto que no había lugar a la destrucción de dichas diligencias de investigación económica.

Las razones esgrimidas para tal investigación se fundamentaban en el precio del proyecto, que según el visado del Colegio de Arquitectos, “supone una baja cnsiderable respecto de las tarifas medias en la provincia de Granada”, más la inspección urbanística, en la que se evidenció que no hubo control técnico sobre adecuación de la reralidad de la obra a los términos de la licencia concedida, así como la concesión de la licnecia de obras, que se produjo en contra del informe jurídico de los servicios jurídicos municipales de Armilla y “al cobijo de informes externos”.

Entre los imputados en el caso Nevada, que investiga la presunta tramitación irregular de este centro –paralizado judicialmente– y en el que hay una decena de acusados, se encuentran el ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex concejal de Urbanismo de este municipio, Gabriel Cañavate, y el empresario inmobiliario Tomás Olivo, promotor del centro.