Los inquilinos de las cuevas situadas en el cerro de San Miguel vivieron ayer un amanecer anormal. La presencia en la zona de más de medio centenar de efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional auguraba una jornada más agitada que de costumbre. Minutos antes de las 7:00 horas de la mañana los agentes tomaron la ladera del monte para desalojar seis casas-cueva. La operación se saldó con un detenido por una supuesta agresión a un agente y dos personas que fueron trasladadas a comisaría para su identificación al carecer posiblemente de documentación.

Tras siete años de intentos fallidos las fuerzas del orden consiguieron cumplir las órdenes marcadas desde el Ayuntamiento de la capital. Para seguir con el guión previsto, un fuerte dispositivo policial rodeó el también llamado cerro del Aceituno. En lo más alto, junto al centro de menores y a las espaldas de la ermita de San Miguel, una decena de policías vigilaba el acceso. Como ese, todos los puntos posibles para entrar en el terreno en cuestión.

Del interior de las cuevas tuvieron que salir los moradores prácticamente sin tener opción a retirar las pertenencias que allí guardaban. Varios camiones de bomberos también asistieron por si era necesaria su intervención, que finalmente no hizo falta.

Poco antes de las 9:00 horas se marchaban del lugar. Una vez cumplido con ese proceso, dos máquinas excavadoras y dos remolques se encargaban de "sellar" las cuevas, según apuntaba en ese momento un portavoz de la Policía Local. Pasadas las 10:00 horas la cadena se reforzaba el operativo con dos remolques más para agilizar los trabajos. Mientras tanto la presencia policial no cesaba.

El rigor de los agentes era tal que hasta a los vecinos que viven legalmente en las casas-cueva del lugar se les impidió el paso.

Fue el caso de Juan Megías, quien denunciaba el tránsito de maquinaria pesada sobre su vivienda "con el riesgo que eso conlleva para su estructura", decía. Este vecino aseguraba que a las siete de la mañana volvía a casa después de trabajar y que quería descansar. Ofuscado por lo sucedido insistió en la "ilegalidad" de la intervención municipal. Megías destacó el trabajo realizado por sus convecinos. "Los desalojados son los que se han encargado de rehabilitar las cuevas. Esa gente ha hecho una maravilla aquí".

Los acontecimientos que perturbaron ayer los alrededores de la muralla que separa el Albaicín del Sacromonte fueron seguidos desde diversos puntos del barrio. De hecho, Laura y Mónica, dos jóvenes granadinas contemplaban los hechos desde la plaza del Salvador.

En la lejanía se veía enclavado en el cielo el perfil de las excavadoras que actuaban para rellenar de tierra los orificios. "Increíble", comentaban estas chicas al unísono. Sobre el terreno continuaban los trabajos. Al mediodía cuatro de las casas ya habían sido "destruidas", según anunciaba Stop Desahuicios Granada en su perfil de Twitter. Desde el mencionado enclave se apreciaba cómo los desalojados seguían en la zona rodeados de agentes.

En respuesta a los hechos sucedidos, unas doscientas personas se concentraron en la plaza del Carmen. A las puertas del Consistorio granadino mostraban su descontento con la actuación municipal. Manuel Sáenz, como representante de Stop Desahucios, denunció la forma "premeditada y violenta" en la que se produjo la expulsión de los moradores.

El recurso contra la orden judicial que daba vía libre al desalojo impide "por ahora" cualquier intervención en el cerro de San Miguel, recordaba la citada plataforma ciudadana. "El Ayuntamiento ha actuado antes de que se sepa si puede hacerlo o no", apuntó Sáenz.

Por otro lado, este integrante del colectivo ciudadano también aludió a "problemas de toda índole" que afectan las consejerías de Vivienda y Cultura de la Junta de Andalucía, al ser una zona de gran valor paisajístico por lo que no se pueden hacer operaciones "como las que han hecho esta mañana". Sáenz lamentó que el Consistorio no haya contemplado el realojo de los vecinos.

En la protesta se encontraba una vecina que ha habitado en alguna ocasión en la zona en cuestión. "No han venido con papel judicial de desalojo", decía esta chica que denunció el estado en el que habían quedado las cuevas. "Las han destrozado por dentro y por fuera". Según el relato de esta joven llamada Raquel la situación anímica de los inquilinos era "mala".

Entre los desalojados había gente de varias nacionalidades. Especialmente destaca una comunidad de senegaleses que tenían un centro social y cultura denominado 'Dara' donde "se juntaban para rezar y convivir", relató Raquel.

Los trabajos de sellado de las cuevas con grava y arena concluyeron al mediodía, según fuentes policiales.

El objetivo era dejar el monte en su estado original, como si no hubiesen existido asentamientos. Una vez se deshizo el cordón de seguridad montado para la ocasión, a los pocos minutos vecinos de la zona, pertrechados con picos y palas, comenzaron las tareas para recuperar las viviendas horadadas en la tierra.