A los políticos de Granada les ha tocado, esta vez, buscarle otro agujero al cinturón. Y es que la inminente aplicación de la Ley de Reforma Local tocará el bolsillo de siete concejales de la Corporación que tendrán que dejar de tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Esto significa que se les reduce la jornada laboral y, por tanto, el sueldo.

En principio, la Ley 27/2013 de 27 de diciembre sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración estipulaba que el Ayuntamiento de Granada (con 27 corporativos) sólo podría mantener a 18 concejales con dedicación exclusiva. Lo que significaba que si el resto quería dedicarse a la política debía hacerlo por amor al arte o, más bien, a sus conciudadanos. Para evitar que ningún concejal se quedara sin cobrar, en una instrucción interpretativa, la propia ley abría la puerta a que optaran por la dedicación parcial, reduciéndose en un 25, un 50 o en un 75% su jornada laboral. Como la elección es voluntaria, no es difícil adivinar qué porcentaje de trabajo, y de sueldo, se reducirán los concejales. Si, como es previsible, se reducen el 25% el Ayuntamiento conseguirá ahorrar al año 50.000 euros. En el hipotético, y poco probable caso, de que no pidieran la dedicación parcial la ciudad se ahorraría 350.000 euros.

En la nómina de un concejal una reducción del 25% de su jornada se traduce en unos 360 euros menos al mes, según el concejal de Personal. Según UpyD esto supondrá perder más de mil euros, mientras que IU estima que serán unos 600 euros menos. "La medida no deja a nadie en la indigencia. Si a un sueldo de 2.700 euros limpios al mes le quitas un 25% te quedan 2.100 euros; un sueldo muy digno", apuntó el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quien no obstante cree que la medida no soluciona los problemas económicos del Ayuntamiento.

La distribución de las dedicaciones exclusivas, según dio ayer a conocer el concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes, es la que sigue: el equipo de gobierno se queda con 14 (de sus 15 concejales) dedicados en cuerpo y alma al Ayuntamiento, lo que significa que el concejal de Patrimonio, Eduardo Caracuel, reducirá su jornada.

El PSOE (con 8 concejales) tendrá que reducir jornada a 4 de sus ediles. Esto significa que 3 tendrán dedicación exclusiva, 4 dedicación parcial y Baldomero Oliver seguirá como hasta ahora, sin cobrar del Ayuntamiento y compaginando su labor municipal con su trabajo en la Universidad de Granada. Paco Puentedura, portavoz municipal de IU mantendrá la dedicación exclusiva, mientras que su compañera Maite Molina se quedará a tiempo parcial con el 75% de la jornada. En el caso de UpyD, su única concejal y portavoz del grupo, Mayte Olalla, también perderá la dedicación exclusiva acogiéndose a una reducción del 25%.

El cambio con la elección del porcentaje tendrán que comunicarlo en los próximos días mediante un escrito a la secretaría general del Ayuntamiento.

La decisión, que se ratificará en el próximo pleno del 25 de abril y que será de aplicación inmediata, no ha contentando a todos por igual. El gran perjudicado por la decisión, el PSOE, no se explicaba ayer qué criterio de proporcionalidad se ha seguido para que el PP pierda una dedicación exclusiva y ellos pierdan 4.

"El tema va más allá de los sueldos, es un ataque a la calidad democrática del Ayuntamiento. Hay muchos trabajos en los que no te permiten coger dedicación parcial. ¿Qué hago si un vecino me llama a las 12 de la mañana? ¿Le digo que no estoy en mi horario de trabajo?", se preguntaba el concejal del PSOE Baldomero Oliver, quien avanzaba que este cambio supondrá una reestructuración del Ayuntamiento, la modificación del ROM (Reglamento Orgánico Municipal), la revisión de comisiones...

La dedicación parcial permitirá a los corporativos pedir la incorporación a su trabajo en un 50%, de forma que ese trabajo o empresa cotizaría a la Seguridad Social por él en un 50% mientras que el Ayuntamiento cotizaría el otro 50% y aportaría la mitad de la retribución. La reestructuración del trabajo de los corporativos y la reducción de sus sueldos es una medida que contempla la Ley de Reforma Local para el año 2015. Granada ha tenido que ponerla en marcha de inmediato dentro de su plan de saneamiento por haber dado inestabilidad presupuestaria en el ejercicio de 2013.

En el marco de esa Ley de Reforma Local el Ayuntamiento ya le ha pedido a la Junta de Andalucía la cesión de competencias (sobre todo en materia de Bienestar Social y Empleo) y el dinero para ponerlas en marcha, aunque todavía no ha recibido respuesta de la Comunidad Autónoma.