Ahora mismo, después de que la investigación de las supuestas irregularidades en cursos de formación subvencionados por la Junta por parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción haya ocupado decenas de titulares, la asimilación entre fraude y formación está echando por tierra la reputación de cientos de empresas. Eso es lo que denunció ayer la Asociación de Centros de Formación de Granada (Agap), que criticó la "injusticia" de que paguen justos por pecadores y se asuma que más de 250 empresas en toda la provincia han cometido irregularidades.

"Se está intentando atacar a todo el sistema de Formación Profesional para el Empleo y eso es injusto. Se nos está metiendo a todos en el mismo saco", aseguró el presidente de Agap, Antonio Naranjo, que señaló que en Granada "se han inspeccionado todos los cursos de formación" que funcionan con subvenciones de la Junta. De hecho, Naranjo explica que el proceso para conseguir uno de los cursos subvencionados de la Junta no es nada sencillo y está sometido a un exhaustivo control: tras la convocatoria pública, las empresas mandan sus solicitudes, y es la administración la que adjudica el curso. Luego el centro tiene que presentar toda la documentación donde explica cómo se impartirá, los docentes y el material necesario, certificando que las suyas son instalaciones "adecuadas". Una vez que comienza el curso, explica Naranjo, los inspectores de la Delegación de Educación de Granada visitan "al menos" una vez el centro para comprobar el desarrollo del curso, aunque si el programa dura más de cinco meses se llevan a cabo más inspecciones. Y, por último, cuando finaliza el curso el centro tiene que aportar a la junta la documentación con todas las listas de asistencia y tiene hasta tres meses para justificar los gastos realizados.

"Puede que en otras ciudades no se haya seguido el procedimiento, pero en Granada se han investigado todos los cursos", aseguró el presidente de la Asociación de Centros de Formación, que recordó que en Andalucía no ha convocatorias de nuevos cursos desde 2011 y que la Junta todavía adeuda a las empresas granadinas dinero de esos últimos programas. "Además de ser un sector arruinado y endeudado, que ha perdido una gran cantidad de empresas, ahora resulta que somos unos defraudadores", indicó Naranjo, que recordó que la insinuación de que el volumen del fraude podrías ascender a 2.000 millones de euros supone asegurar que se han cometido irregularidades en todos los cursos de formación impartidos en Andalucía desde el año 2007. "No se nos puede poner en entredicho a todos. Si ha habido irregularidades, que busquen, encuentren y juzguen a los culpables", apuntó. Además, el presidente de Agap recordó que los cursos de formación con compromiso de contratación son muy minoritarios. "De mil cursos al año, ni siquiera 50 son de este tipo".

Naranjo, que aseguró desconocer la empresa con domicilio social que está siendo investigada junto a otras 16 del resto de Andalucía, indicó que los profesionales y los empresarios de estos centros no se "merecen" ser demonizados. "En Granada están jugando con más de mil puestos de trabajo".