Más de 2.000 personas secundaron ayer la concentración organizada por Stop Represión frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en apoyo a Carlos Cano y Carmen Bajo; los dos condenados a tres años y un día de prisión por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores durante una huelga general en 2012. La sentencia, que considera probado que ambos ejercieron coacciones durante la concentración contra la propietaria de un establecimiento que permanecía abierto, fue recurrida por ambos al considerarla desproporcionada, pero la Audiencia de Granada apoyó el dictamen ya emitido.

La marcha arrancó a las 19:00 horas desde la sede provincial del Gobierno y se extendió a lo largo de toda la Gran Vía para diluirse en Plaza Nueva. Pese a que al inicio de la manifestación apenas 400 personas se agolpaban en torno a las pancartas que exigían "libertad" para Carlos y Carmen, la marabunta fue inflándose con el transcurrir del tiempo.

Tanto Carlos, de 25 años, y natural de Castro del Río (Córdoba) como Carmen, de 56 y en paro, decidieron acudir a la marcha. En la céntrica calle de la capital también se presentaron personalidades de la izquierda como la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, el alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca (IU), o Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT).

"Realmente me siento desbordada por ver a tanta gente apoyarme, pero me da miedo que se piense que esto se acaba aquí. Esto es un problema que nos trasciende", aseguró Carmen al tiempo que afirmó que la sentencia "me rompe la vida porque la de Carlos ya está destruida". La mujer, miembro del 15-M, recordó que hay otras dos chicas que entrarán próximamente en la cárcel con una condena similar, y que tanto su entrada en prisión como la de su compañero está prevista "en el peor de los casos en quince días, y en el mejor en un mes".

Ante la imposibilidad de formular nuevos recursos, sólo les quedaría pedir la suspensión temporal de la ejecución o solicitar un indulto; alternativa a la que ya contempla acogerse el alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca, quien tampoco descartó "ir al Tribunal de Estrasburgo". "Vamos a estar todos los días a las nueve de la noche concentrados en la puerta del Ayuntamiento del pueblo, que los apoya mayoritariamente", afirmó.

Tanto el edil como Diego Cañamero aprovecharon la ocasión para recordar que "las políticas represivas del Gobierno" ya han empezado a tener respuesta en las urnas. "Querer meter en la cárcel a estos compañeros es como querer matar mosquitos a cañonazos", ironizó el representante del SAT, quien calificó de "corruptos y dictatoriales, aunque tengan la Democracia del pueblo" a "estos gobiernos". Cañamero confirmó que el 21 de junio, "miles de personas rodearemos todos los parlamentos del estado español".

Por su parte, Maite Molina aseveró que la "injusticia de esta decisión judicial radica en la propia decisión". "No puede ser que dos personas ejerzan su derecho constitucional a la huelga y su derecho a informar sobre la misma, y vayan tres años a la cárcel", manifestó. La concejal habló en nombre de todos sus compañeros de IU para asegurar que su formación condena "absolutamente" una sentencia que definió como "una barbaridad". "Tenemos encima de la mesa un estado policial, y la prueba es la Ley de Seguridad Ciudadana que se quiere aprobar", apostilló.

A última hora de la noche, unos quince miembros de Stop Represión se encerraron en el Sagrario de la Catedral como medida de protesta, apoyados por unas 350 personas desde fuera, y sin altercados al cierre de esta edición.