El consejo de gobierno de la Universidad de Granada abordará en la mañana de hoy la aprobación del procedimiento para el seguimiento del ejercicio del derecho de huelga. Este seguimiento tendrá como consecuencia directa la detracción de los haberes correspondientes a aquellos trabajadores -profesorado y personal de administración y servicios- que decidan secundar el paro. Así, 37 años después de que se aprobara el derecho a huelga, los trabajadores de la UGR asumirán las mismas consecuencias que el resto de trabajadores. "Nadie lo ha hecho y creemos que es el momento oportuno", zanjó el rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, al ser preguntado por qué no se había aplicado la detracción de haberes a la plantilla universitaria durante las últimas cuatro décadas. Sobre cómo se hará ese seguimiento, González Lodeiro no entró en detalles. "Se hará como se hace en toda España".

La posibilidad de hacer un seguimiento de quienes hagan huelga fue informada favorablemente por la Comisión de Reglamentos el pasado 16 de julio, por lo que es probable que hoy se apruebe definitivamente y mañana mismo entre en vigor.

En la Universidad de Granada trabajan, según los datos de la última memoria académica, 3.701 profesores e investigadores mientras que la plantilla de administración y servicios la forman otros 2.210 trabajadores, lo que supone que, cada mes, se abonan 5.911 nóminas. Hasta ahora, ni unos ni otros habían sufrido la detracción de la parte proporcional de la nómina tras ejercer su derecho a huelga. Cabe destacar que sólo en el pasado curso se contabilizaron tres paros académicos -en octubre, noviembre y marzo- organizados por la comunidad universitaria y a los que también estuvieron convocados profesorado e investigadores. El curso anterior, además de los paros académicos, en marzo de 2012 hubo una huelga general.

Para abordar el seguimiento del ejercicio de este derecho, la Universidad de Granada convocó a los sindicatos el pasado 24 de junio. El gerente de la UGR, Andrés Navarro, explicó entonces que con esa medida se quería dar cumplimiento a la "normativa vigente", que "nos obliga" a saber quiénes hacen huelga y repercutir esa jornada de paro en la mensualidad, tal y como asumen el resto de asalariados. A aquella reunión no asistió FETE-UGT, que alegó que el derecho a huelga es un "derecho fundamental individual" y que "no es objeto de negociación colectiva", y con el resto de sindicatos no hubo acuerdo.

Sobre el fondo de la cuestión, FETE-UGT criticó que la UGR pretendía "procedimientos de autoinculpación, más o menos camuflados, y listas de huelguistas" lo que "supondría un atentado claro contra este derecho fundamental". Ademas, sobre la detracción de haberes, califica la medida de "dudosa legalidad" y que "trata de castigar al trabajador intimidando su decisión de apoyar una huelga". Además, este sindicato alegó que, en el caso de que la Universidad deba de tomar alguna medida en relación al control de asistencia del personal universitario, no sería FETE-UGT quien dijera cómo debía establecerse.

El Real Decreto 17/1977 que regula el derecho de huelga establece que durante el paro " se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario" y así se aplica para todos los empleados, tanto públicos como de empresas privadas.