La Policía Autonómica ha investigado en cuatro años más de medio millar de denuncias por presuntos fraudes en la escolarización. El número de denuncias recibidas cada año desde el curso 2010/2011 ha superado cada curso el centenar largo, y éstas han ido en aumento, progresivamente, hasta 2011/2012, cuando se investigaron 176 casos. Este número supuso el pico de la serie, ya que en el 2012/2013 el número descendió a 137 investigaciones por presuntas irregularidades. Este cambio de tendencia supuso una reducción de un año para otro del 23,5% en los casos sospechosos de fraude escolar. El pasado año se analizaron, prácticamente, el mismo número de presuntas irregularidades que en 2010/2011 y que en 2011/2012.

Del los más de 550 casos estudiados en esos últimos cuatro ejercicios, en 138 (25%) se detectó que, efectivamente, se había producido fraude, por lo que se procedió al cambio de colegio de los menores cuyos padres habían falseado alguno de los datos de la matrícula para acceder a un determinado centro educativo. Este mes de septiembre se conocerán los datos el proceso de escolarización del curso 2014/2015 y si el número de investigaciones se mantiene, como en los últimos años, estaremos por encima del centenar largo.

La investigación surge por un requerimiento de la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Este organismo envía a la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta, conocida popularmente como Policía Autonómica, un listado de las denuncias recibidas sobre supuestas irregularidades en la escolarización.

Las denuncias fueron presentadas en algunos casos por padres de alumnos no admitidos en colegios que alertaban de casos de admitidos cuyos domicilios no coincidían con el que habían inscrito en la solicitud de escolarización. Todos estos casos sospechosos fueron derivados a la Policía Autonómica, que se encarga de comprobar la veracidad de estas denuncias.

Una vez finalizadas las pesquisas, los agentes envían un informe a la Delegación Territorial de Educación en el que exponen sus conclusiones sobre cada uno de los casos denunciados. Con esta información, será de nuevo la Delegación de Educación la que se pronuncie sobre cada expediente y decida si existe fraude o no en cada uno de ellos. No todos los casos que se denuncian son sinónimo de fraude. El año pasado, por ejemplo, fueron 28 los que Educación calificó como tal tras analizar 137 casos, lo que supone un 20% de las reclamaciones presentadas.

La investigación de estos presuntos fraudes corre a cargo de la unidad de la Policía Autonómica. Los agentes de este grupo se dedican a investigar cada reclamación derivada por Educación. Para ello, se desplazan hasta el domicilio que figura en la solicitud de escolarización, toman declaración a vecinos y testigos para comprobar que los niños residen o no en la vivienda en cuestión y, finalmente, también interrogan a los padres en aquellos casos en los que existieran dudas.

A pesar de que las denuncias se mantienen año tras año por encima del centenar, el número de irregularidades sí ha descendido. Si en 2011/2012 se detectaron 63 casos, el año siguiente fueron apenas 27, mientras que en 2013/2014 el número de irregularidades se mantuvo con 28 casos en los que se comprobó la falsedad de los datos. La reducción de los casos de irregularidades en los últimos años tiene su explicación. Desde principios de 2011, la Delegación de Educación retira todos los puntos a los alumnos en los que se haya detectado un fraude y se deriva a los menores a otro centro. Ese mismo curso 2010/2011 los fraudes descendieron un 30% con respecto al anterior.