El fin de los alquileres de renta antigua llegará el próximo 1 de enero de 2015. Una fecha que conllevará el posible cierre de más de un millar de comercios en toda la provincia de Granada. Por ello, diferentes representantes de las organizaciones empresariales, autónomos, profesionales, consumidores, usuarios y sindicatos han creado la plataforma No al cerrojazo.

Según afirmaron estos representantes la aplicación de la Disposición Transitoria III de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 traerá unas consecuencias nefastas para el pequeño comercio. Ante esta situación, el vicepresidente del Centro Comercial Abierto de Granada, Ángel Rodríguez, apuntó ayer que "la plataforma instará al Gobierno central a aprobar una serie de modificaciones de esta ley de arrendamientos".

Desde 1995 las rentas que tienen estos contratos vienen aplicando el IPC general. Por ello, la plataforma pide que "haya un aumento del 30% en el IPC teniendo en cuenta el desfase que ha habido entre las actualizaciones y el incremento real entre 1995 y 2014", expuso el Rodríguez. Además, la plataforma apuntó la necesidad de que exista una nueva moratoria de diez años en todos los casos de renta antigua.

Asimismo, los representantes de esta plataforma también instaron al Gobierno a que "el arrendador presente una oferta al arrendatario en los 30 días siguientes al fin de la moratoria".

El posible cierre de negocios ante el fin de alquileres de renta antigua afectará principalmente a personas con un perfil de edad entre 45 y 50 años, tal y como reafirmó el secretario de Organización de UGT, Antonio Rejón.

El secretario de CCOO, Ricardo Flores, quiso apuntar que "si se cierran estos negocios se verán en la calle empleados con una edad media avanzada, unas personas que tendrán bastante complicada su reincorporación al mercado laboral".

Otras de los sectores que más se verán afectados por la LAU serán las mujeres. Así, esta plataforma quiso recordar que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que un 60% de los empleados que trabajan en estos comercios afectados por la ley son mujeres.

Los representantes de No al cerrojazo tienen un lema que es "ser la llave que abra los cerrojos". Asimismo, advirtieron que "si esto no se para Granada se llenará de franquicias sin ninguna personalidad y será lo mismo que estar paseando por la ciudad que por un centro comercial".

Finalmente, Rodríguez también recordó que "la desaparición de estos comercios especializados traerá consigo una subida en los precios" y que además "esta situación verá limitada la compra de proximidad".