Las Minas de Alquife han vuelto a los titulares, y no para bien. Un grupo de 14 ex trabajadores de las Minas ha presentado ante la jueza que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, una denuncia por las subvenciones públicas concedidas a las instalaciones, cerradas desde 1996, contra 39 personas, entre las que se encuentran ex consejeros de la Junta de Andalucía.

Concretamente la querella, consultada por Europa Press, se dirige contra Francisco Vallejo, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Martín Soler y Antonio Ávila; y también contra el actual titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Antonio Sánchez Maldonado, a los que los ex mineros atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos.

Entre los denunciados, también figuran el ex presidente de la Diputación de Granada Antonio India, directivos de las empresas Minas del Marquesado SLL y Minas de Alquife Holding, representantes de UGT y CCOO, los responsables de la Compañía Andaluza de Minas, inspectores de Trabajo, un juez de lo Social de Granada y otros cargos de la administración autonómica.

Los ex trabajadores aseguran que la Junta de Andalucía ha inyectado dinero público a las empresas Minas del Marquesado y Minas de Alquife Holding pese a que desde su constitución "hasta nuestros días" no han desarrollado ninguna de las actividades por las que se justificaba su creación, "y no han contribuido al desarrollo de la comarca, como han venido anunciando desde hace tiempo a través de diferentes plataformas y medios de comunicación".

La denuncia tiene su origen en el proceso de liquidación y adjudicación de los bienes de todo tipo de la extinta Compañía Andaluza de Minas, quebrada en 1996, y de la que se creó la Compañía Limitada Laboral Minas del Marquesado, donde las participaciones sociales de todos los que la constituyen son de carácter laboral, y para la que estos mineros firmaron un contrato de Cesión de Derechos de Créditos de los que pudieran ser beneficiarios.

"Nos obligaron a ceder derechos irrenunciables a cambio de entrar en un proceso de prejubilaciones, acordado sin cobertura legal de ningún tipo y que, como supimos después", aseguran los denunciantes, "se estructuraba en el marco de ayudas de la Junta de Andalucía a empresas en crisis, con ERE previos y a punto de cerrar".

Pero, en Minas del Marquesado "nunca ha habido ningún ERE porque legalmente se supone que, aún hoy día, todos los mineros estamos trabajando", indican los ex mineros, que han presentado la denuncia ante Alaya porque la juez ya investiga algunas ayudas que recibió la mina.

Según señalan, en marzo de 2011 se constituyó la sociedad mercantil Minas de Alquife Holding, con domicilio social en Maastricht, heredera de Minas del Marquesado SLL apunta Francisco Soler, letrado de los mineros querellantes.

La Junta de Andalucía siguió "inyectando dinero público" al holding, según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de diciembre de 2012 y en el Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, aunque los ex mineros se preguntan "por el destino de ese dinero". De hecho, uno de los fines de la denuncia es conocer precisamente los fondos que ha recibido desde 1997 la explotación, que calculan en "no menos" de 30 millones de euros.

Sin embargo, ayer los responsables de Minas de Alquife SLU y Minas de Alquife Holding negaron rotundamente "haber solicitado, ni recibido un solo euro procedente de ninguna administración pública, en ninguna de sus formas". En un comunicado oficial, los responsables actuales de la Mina, contra los que también se dirige la denuncia, lamentaron que el actual proyecto, que podrían empezar a funcionar por completo en los primeros meses de 2016 y que "está sujeto a la más absoluta legalidad", se vea sometido a este tipo de polémicas, "carentes de toda veracidad" y que responden a "intereses difícilmente explicables".

Los representantes de Minas de Alquife aseguran que las actuales empresas responsables "no participaron ni directa ni indirectamente en el proceso de liquidación de la Compañía Andaluza de Minas", un trámite que entiende que se realizó "dentro del más absoluto respeto a la legalidad", como "avalan" los pronunciamientos que se han emitido en los distintos procesos administrativos y judiciales.

Precisamente bajo el convencimiento de esa legalidad, continúan los representantes de la compañía, Minas de Alquife y Minas de Alquife Holding se decidieron a adquirir el 95% de los derechos mineros a sus propietarios, "acuerdos debidamente formalizados en las correspondientes escrituras de compraventa, cumpliendo puntualmente las obligaciones derivadas de las mismas, tanto con los vendedores como con las administraciones públicas".

Si contundente fue la respuesta de la compañía, más aún lo fue la del alcalde de Alquife, Benito Ruiz Gámez (PP). El responsable municipal achaca la denuncia a la "envidia" del anterior propietario de las Minas de Alquife, Manuel Sánchez Ferrer, que vendió la explotación en 2008 a la firma holandesa con capital alemán. "Todo es falso y viene promovido por el antiguo propietario de la Mina, que ha cogido a los mineros y les ha dado dinero para comprarlos y para que denuncien. Está falseando todos los documentos y levantando falsos testimonios".

Ruiz Gámez no salía ayer de su asombro y apuntó que "vergüenza" tendría que darle al anterior propietario, "que compró la mina por 400 millones de pesetas y se la ha vendido a los alemanes por 20 millones de euros". El alcalde de Alquife, además, responsabilizó al anterior dueño de la explotación de los "deterioros" en el poblado minero. "Los alemanes lo único que han hecho es invertir, mientras que Sánchez Ferrer lo único que hizo fue desmontarlo todo, que quede muy claro".