El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, dijo ayer que los "grandes males estructurales" de la Justicia son problemas "que tiene que resolver el Gobierno de la nación", y defendió las medidas emprendidas por la Junta de Andalucía para modernizar el sistema, dentro de sus competencias.

El consejero se pronunció ayer en Granada después del acto de apertura del año judicial en Andalucía, en el que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, apremió a que "de una vez por todas" se emprenda la "acuciante" modernización del sistema, considerando que "ya es hora de que las urgentes necesidades de la Justicia no sean pospuestas ni ignoradas".

Según De Llera, Andalucía "no tiene competencias" para atajar esos males, por lo que, en este caso, es al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que le corresponde tomar medidas al respecto. Así, incidió en que en todo el país y más en Andalucía, "faltan muchísimas plazas de jueces y fiscales", y puso el énfasis en que España aún tenga una ley de enjuiciamiento criminal que es de 1882, lo que "no aguanta ni un suspiro".

"Los problemas graves que tiene la justicia dependen de la decisión de Madrid y los nuestros, pues estamos haciendo lo que podemos, porque con la situación económico-financiera no tenemos grandes medios para tomar grandes decisiones en ese sentido, pero estamos mejorando, y mucho, la Justicia", apuntó.

Aprobar nuevas leyes en ese sentido o crear tribunales de instancia "sin alejar la Justicia de los ciudadanos" son otras de las decisiones que "competen al ministro", que, en opinión del consejero, "no está ocupándose de nada de esto", ni de las "necesidades imperiosas y urgentes de la Justicia". "Las reformas que él propone son absolutamente ideológicas", mantuvo el consejero, que aludió por ejemplo a la ley de tasas o a la reforma del aborto.

Por otro lado, se refirió a las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, como la eliminación del papel y la informatización de los juzgados, la redistribución del funcionariado, o la interconexión de todos los órganos judiciales y evitar que un juez desconozca la situación de un detenido y si tiene o no que estar cumpliendo condena, como ocurrió en el caso Mari Luz. También la Administración autonómica está "creando herramientas de gestión de la oficina judicial y fiscal" en toda Andalucía y ha puesto en marcha un nuevo decreto para su implantación, primero por Almería y por Málaga.