En los últimos años los criterios medioambientales y la ecoresponsabilidad, tanto en las empresas privadas como en la gestión pública, están cobrando cada vez más importancia. Así, la gestión ecosostenible en los ayuntamientos granadinos se va implantando poco a poco. Uno de los aspectos que se tiene en cuenta es la eficiencia energética, y según un estudio de impacto de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el que han participado varios ayuntamientos todas las provincias andaluzas, ocho de cada diez municipios están implantando este criterio en sus políticas públicas.

En este estudio participaron 22 ayuntamientos de Granada que pertenecen a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía y se ha elaborado mediante la realización de encuestas a concejales, técnicos municipales de medio ambiente y responsables de contratación pública. Los municipios granadinos que participaron en este estudio de 2010 son Albolote, Albuñol, Alhama de Granada, Almuñécar, Baza, Benalúa de las Villas, Chauchina, Chimeneas, Churrana de la Vega, Dúrcal, Granada, Huéscar, Huétor Vega, Las Gabias, Loja, Maracena, Monachil, Montejícar, Motril, Ogíjares, Órgiva y Salobreña.

El estudio de la FAMP está centrado en la compra pública sostenible en la administración local, es decir, en los criterios que los gobiernos municipales tienen en cuenta a la hora de contratar a sus proveedores; comprar suministros para las diferentes concejalías y servicios municipales; llevar a cabo las adjudicaciones de programas y proyectos. Además, el estudio pretende comprobar si los ayuntamientos andaluces están implantando medidas para hacer su gestión ecosostenible.

Los datos obtenidos a partir de la realización de las encuestas son de ámbito regional. Preguntados por si conocen el concepto de compra pública sostenible, el 63% de los encuestados responde que sí. No obstante, entre las dimensiones a considerar en la contratación pública sostenible, es el comercio justo junto con la compra verde los dos conceptos más conocidos en la totalidad de ayuntamientos que han participado, ya que más del 70% asegura tenerlos controlados. En torno a la mitad de las entidades locales andaluzas incluidas en el estudio desconoce, sin embargo, en qué consiste la compra ética y la compra social.

Otro de los aspectos analizados es en qué servicios y suministros aplican los municipios la compra pública sostenible. Siete de cada diez consistorios tienen en cuenta ese concepto a la hora de comprar el papel y sus derivados, y la mitad lo hace cuando adquiere productos de limpieza o contrata a las empresas que llevan a cabo este servicio.

El cuanto a los criterios que se tienen en cuenta a la hora de elegir las empresas proveedoras, el precio (89%) y la calidad (87%) son los que más se valoran por parte de los gobiernos locales. También los consideran más de la mitad de los ayuntamientos encuestados, que los proveedores o los productos sean de la zona (siete de cada diez), el servicio postventa y el de mantenimiento (63%) y la gestión eco-responsable de la empresa proveedora (más de la mitad).

Preguntados por las razones por las que no profundizan en la compra pública sostenible, siete de cada diez ayuntamientos consultados hablan de falta de información y formación, falta de sensibilización y por último, aluden cuestiones económicas. Más de la mitad también señala la falta de penalización y multas.