Estar en la cúpula de una organización, sea de la naturaleza que sea, sitúa a uno en el ojo del huracán cuando algo se tuerce. El arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez, desde que llegó a Granada para suceder a Antonio Cañizares, ha tenido que enfrentarse en varias ocasiones a incómodas mareas informativas. Unas veces, por palabras y actos propios. Otras, por actuaciones ajenas que le han hecho protagonizar titulares, como está ocurriendo esta semana, a raíz de salir a la luz presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes de su diócesis.

El pasado miércoles, al tercer día de destaparse este escandaloso caso, cuya investigación judicial se encuentra bajo secreto de sumario, el arzobispo hizo por fin unas declaraciones públicas, mostrando su "dolor tremendo" ante lo que está ocurriendo y diciendo -tras ser preguntado sobre la posibilidad de presentar su renuncia- que su vida "es del Señor a través de la Iglesia y del Santo Padre".

Esta vez han sido supuestos pecados ajenos los que han hecho dirigir los interrogantes hacia su continuidad. También han generado críticas, en foros públicos y privados, cuestionando su intervención durante el proceso. Después de que el lunes su Arzobispado emitiera un comunicado defendiendo la actuación de la institución en este oscuro episodio y dejando claro que existe "tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen", él reveló que tuvo conocimiento del caso en agosto. Fue a través de una carta que le envió la propia víctima explicándole que había puesto en conocimiento de la Santa Sede lo que le sucedió siendo un niño en Granada. A raíz de la misiva, y tras reunirse con la víctima, Martínez dio los pasos que el Vaticano le indicó, apartando de sus funciones sacerdotales a los presuntos responsables del calvario sufrido por el joven siendo menor de edad.

Al margen del rumbo que tomen los acontecimientos en la esfera eclesiástica y de que se produzcan o no decisiones que puedan afectar al Arzobispado granadino, lo cierto es que en este caso los verdaderos protagonistas son otros. Por un lado, el denunciante, cuya identidad hay que preservar, sobre todo para evitarle un nuevo sufrimiento innecesario. Por otro, los religiosos que resulten imputados tras la investigación, que se encuentra en sus albores.

Pese al hermetismo que conlleva el secreto sumarial, sí ha trascendido que la investigación gira en torno a diez sacerdotes y dos seglares, aunque sólo uno de ellos podría ser en realidad autor material de los hechos. Aún debe llevarse a cabo la instrucción de la causa, afectada ya por la filtración de datos. La Fiscalía ha dado incluso esta semana un toque de atención a los medios. Además, algunos de los detalles aireados no se corresponderían con los que contiene el expediente judicial. Falta, para empezar, que desfilen por el juzgado la persona o personas que resulten imputadas y los posibles testigos, así como que se practiquen otras pruebas periciales que determinen la veracidad y alcance de los supuestos abusos denunciados. Los informes psicológicos forenses serán previsiblemente claves en el desenlace de este proceso, en el que la última palabra la tiene un juez de Instrucción de Granada: Antonio Moreno.

Se trata de un juez respetado y contundente, que en su día fue decano de los jueces de Granada. Por su mesa han pasado otros muchos expedientes de enjundia, como los vertidos del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud o el caso Medina Elvira.

Si el arzobispo, por su cargo, ya ha tenido que tomar cartas en el asunto para alejar a los denunciados del altar hasta que no se esclarezca lo sucedido, la toga que viste el juez Moreno le habilitará para determinar, en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, si existen indicios suficientes de delito para volver a sentar en Granada en el banquillo a uno o varios religiosos. Volver, porque el prelado ya se sometió en su día a la justicia terrenal, que le impuso una multa, aunque luego fue absuelto.

Ya el lunes, el Arzobispado, en su comunicado, advirtió de forma implícita que hay que respetar los tiempos procesales al indicar que "al cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le duelen inmensamente que se puedan producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta".