Las zonas más protegidas de la Alpujarra, los municipios que están dentro del Bien de Interés Cultural, tienen condicionado todo su desarrollo y conservación a un sistema que lleva al "inmovilismo" o a la "arbitrariedad". El arquitecto Maximino Mateos, que lleva cuatro años trabajando en esta comarca, explica que cuando los propietarios de una vivienda le preguntan qué se puede hacer con ella para arreglarla "la triste realidad es que a veces no sé qué decirles", porque una misma actuación consigue el visto bueno de los técnicos de la Delegación de Cultura y otra es rechazada con criterios cambiantes.

Un problema generalizado es la falta de Planes Generales de Ordenación Urbanística en la mayoría de los ayuntamientos de la zona. "Es muy caro y nosotros no tenemos recursos ni humanos ni económicos para hacer ese trabajo", explica el alcalde de La Tahá, Marcelo Avilés. La larga lista de bienes que hay que recoger y catalogar en los planes urbanísticos complica más este trabajo que tienen que hacer los ayuntamientos. "Aquí se dan unas circunstancias especiales, porque hay núcleos como Fondales, por ejemplo, donde el 85% de las casas deberían estar catalogadas", explica el arquitecto.

El problema es que la Delegación de Cultura, a través de sus técnicos, tiene que resolver si conceder o no permiso para cualquier obra pequeña o mediana, como el arreglo de un terrao, que es necesario hacerlo cada pocos años. Aunque este trámite puede tardar meses, previa presentación de un completo estudio técnico. "Es muy común que la gente haga las obras antes de que llegue el permiso porque si no se les cae el techo encima", según el alcalde de Pitres, Capilerilla, Mecina, Mecinilla, Fondales, Ferreirola y Atalbéitar.

Como arquitecto, Maximino Mateos defiende tesis diferentes a las del alcalde de La Tahá, pues reconoce la necesidad de la tutela de una administración superior al Ayuntamiento. "Si fuera por mucha gente aquí se llevaría todo por delante", admite este profesional, que sin embargo, denuncia que el control actual no funciona.

"Creo que el BIC es una buena idea, que se hizo con un estudio serio que proponía muchas medidas y era muy ambicioso", pero la realidad, según este arquitecto, es que a la Alpujarra "sólo llegan las restricciones" y mientras "se caen las casas o se demuelen", como forma de salvar la protección. Hay municipios como Tímar o Cástaras que, según Mateos, "son joyas que ya están casi en ruinas".

El arquitecto echa en falta agilidad y flexibilidad en la Administración competente, que es la Delegación de Cultura. "No hay forma de establecer una comunicación fluida y nos encontramos con resoluciones que rechazan lo que en otros casos se ha autorizado".

La falta de planes urbanísticos paraliza cualquier actuación un poco más compleja, como una parcelación o una segregación, cosas que en realidad son necesarios para el desarrollo normal de un municipio, especialmente en éstos, que tienen una intrincada trama urbana con siglos de historia, ajena a la lógica urbanística actual.