El auto dictado por el Juzgado número 2 de Instrucción de Granada ha desestimado el recurso interpuesto tras el fallo de la semana pasada que dio la razón a la gestión de personal de la Cámara de Comercio de Granada a raíz de una denuncia interpuesta por dos trabajadores afectados por el ERTE que fueron incluidos en el proceso de regulación de empleo en 2014, dos años después de su puesta en marcha.

El auto indica que los hechos denunciados de acoso laboral no pueden ser calificados de "trato degradante", sino de un conflicto sobre normas o derechos de naturaleza laboral. La desestimación echa por tierra algunos aspectos íntimamente ligados con la crisis que ha vivido durante los dos últimos años la institución.

En sus denuncias, los dos trabajadores de la Cámara aseguraban que el pleno que aprobó el proceso de regulación no contaba con el quórum suficiente para celebrarse, un aspecto que en su día denunciaron trabajadores y vocales de la Cámara y que llevó a la interposición de una querella contra el entonces secretario general, Jaime Parra, por falsedad documental.

El fallo judicial de la semana pasada se pronunciaba sobre la posibilidad o no de la Cámara de Comercio como corporación de derecho público de acogerse a los procesos de regulación de empleo. Y fue tajante. Según el juez, a raíz de las pruebas aportadas por la Cámara -en las que se muestra su situación económica y las pérdidas de más de 635.000 euros que arrastra la corporación- puede concluirse que "la mayor parte de los ingresos de la cámara proceden de las denominadas operaciones realizadas en el mercado".

En el caso concreto de los 2 trabajadores, además, desestimó la demanda argumentando que "no hay suficientes indicios de actuación contraria al derecho fundamental" de una de las denunciantes y, además, apuntó que la posible intención de afectar a los trabajadores más conflictivos -uno de los despedidos es un miembro del comité de empresa-, "encuentra su freno en los acuerdos adoptados por el comité".