El juez que investiga desde 2010 los supuestos vertidos contaminantes de la depuradora del Centro Penitenciario de Albolote, Miguel Ángel del Arco, ha dado un nuevo golpe de mazo. A través de un auto, el magistrado, que se negó en noviembre a archivar el caso, deja ahora clara su negativa a paralizar la instrucción mientras la Audiencia de Granada resuelve el recurso de apelación interpuesto contra su decisión de no dar carpetazo al asunto.

En su resolución, dictada el pasado 19 de febrero y a la que ha tenido acceso este diario, el juez Del Arco considera que la pretensión de la Abogacía del Estado de suspender la instrucción hasta que se resuelva dicho recurso no sólo no tendría base legal sino que carece de precedentes en la práctica diaria y provocaría unos resultados "funestos".

"¿Más lentitud de la que somos capaces de provocar? ¿Más sufrimiento para los imputados, perjudicados y más molestias para todos los intervinientes en el proceso, despilfarro de recursos y una frustrante experiencia social? ¿Más ineficacia? ¿Soportando más daño al medio ambiente?". Con esta batería de interrogantes el instructor responde a la petición de paralizar la causa hasta que la Audiencia se pronuncie. Recuerda que la fecha de su jubilación se aproxima (el próximo 4 septiembre) y reconoce que "una salida airosa" a efectos de economía de trabajo sería acceder a la suspensión planteada, pero lo rechaza.

"Resulta evidente que el asunto que nos ocupa (...) tiene implicaciones políticas de las que los jueces debemos de huir y también, si es posible, no complicar en determinadas fechas pero que resulta difícil en el panorama electoral del presente año; es decir, que no debemos de ir de elecciones", dice.

En su auto, el juez critica además las alegaciones realizadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Granada, que consideró necesario un "informe imparcial" que acredite los daños producidos por esos supuestos vertidos en el barranco y arroyo Juncal a la hora de valorar la adopción de medidas cautelares. El juez recuerda que ya existen informes realizados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que "ratifica unos indicios". Indica en este punto que el Seprona realizó "una labor investigadora excepcional" y evoca, entre sus atestados, uno fechado en 2013, "sobre medidas a adoptar para evitar el perjuicio que supone utilizar agua residual sin depurar en los regadíos". De igual modo, alude a otro informe del Departamento de Química y Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que determinó que "los resultados contenidos en los informes remitidos evidencian una serie continuada de vertidos de elevada carga contaminante en materia orgánica en cauce público".

El magistrado admite que el auto que dictó el pasado mes de noviembre, en el que se negó a archivar la denuncia de la dueña del Cortijo de las Torres que dio lugar a la causa penal, puede ser discutible en orden a la prescripción, "pero -agrega- hay nuevos hechos que avalan la no prescripción y la existencia indiciaria de delitos continuados ante una posible conducta continua de antijuridicidad". En este contexto, confiesa que no comprende la postura de la Fiscalía de Medio Ambiente. Tilda de "incomprensible" su escrito interponiendo recurso de apelación y pidiendo, por un lado, que se confirme el auto en el que ordenó continuar la tramitación de la causa y, por otro, que se revoque en cuanto se dirige la investigación en relación a hechos y delitos que han de considerarse prescritos. "¿Qué hechos y delitos?" se pregunta.

Se da la circunstancia de que la denunciante, que ejerce a acusación popular, había solicitado nuevas imputaciones (entre ellas las de los delegados de Medio Ambiente de la Junta entre 2004 y 2014). Sobre esas peticiones el magistrado explica que "ha sido prudente en dilatar las imputaciones y adopción de medidas cautelares en parte por no estar a nuestra disposición un material documental necesario, que ha costado trabajo localizar y conseguir aunque otros documentos probablemente no se podrán conseguir".

Entre los ex delegados que la denunciante pide que sean imputados se encuentra Francisco Javier Aragón (PSOE), que al ser actualmente parlamentario andaluz tendría la condición de aforado, extremo del que ha alertado la Fiscalía, que cree necesario que si el juez considera que procede la imputación "debería elevar escrito razonado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)" porque él no sería competente para la instrucción en su caso.

Fuentes judiciales precisaron que en la causa figuran hasta el momento como imputados "el administrador del Centro Penitenciario de Albolote y técnicos de la última empresa que llevó el mantenimiento de la depuradora".

En esta investigación, el juez trata de esclarecer si se ha cometido una posible prevaricación ambiental omisiva por parte de los funcionarios responsables en materia medioambiental que no pusieron remedio a la situación y otro posible delito contra el medio ambiente. Para el magistrado, este es "un asunto complicado, complejo, con evidentes implicaciones políticas y sociales respecto al medio ambiente".