El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, aseguró ayer durante una visita a la nueva sede de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía granadina, que su traslado al edificio del Banco de España ha permitido reforzar como capital judicial de Andalucía a Granada y recuperar al mismo tiempo un edificio emblemático de esta ciudad. "Se trata de un proyecto emblemático por lo que representa este edificio para la historia de la ciudad y porque pone de relieve el compromiso del Gobierno andaluz para seguir avanzando en la mejora de las sedes judiciales, pese a las dificultades económicas actuales".

El titular de Justicia e Interior aseguró además que la Junta de Andalucía continuará en cuanto la situación presupuestaria lo permita la segunda fase del proyecto que queda pendiente para la adecuación del edificio del Banco de España tras una primera fase que ha requerido una inversión de 2,5 millones de euros.

Tras su visita al edificio del Banco de España, De Llera atendió a un grupo de manifestantes del grupo Stop Desahucios, que lo esperaban en la puerta. El consejero les aseguró que lo que no hará el Gobierno andaluz es lo que hace la comunidad de Madrid: "Vender a fondos buitres las viviendas públicas". "Estamos ordenando las viviendas públicas titularidad de la Junta y vamos a tratar de gestionarlas para personas desahuciadas en la medida en que valoremos quiénes son las más vulnerables y necesitadas", señaló. El consejero precisó que los desahucios los acuerdan jueces sobre los que él no tiene "atribuciones", y sobre la base de una ley estatal, por lo que la Junta, dijo, no puede hacer más de lo que hizo: "Sacar una ley que permitía expropiar el uso de las viviendas vacías de los bancos y constructoras para darles un uso social".

"Pero el Gobierno del PP la recurrió y paralizó ante el Tribunal Constitucional, por lo que no hemos podido seguir aplicándola", señaló el consejero, quien dijo entender el "dolor y desesperación" de la gente tras referirse a casos "inhumanos" como el ocurrido ayer en Pinos Puente, donde fue desahuciada una familia en paro con seis hijos, dos de ellos bebés.

Por su parte, José Iglesias, abogado del grupo Stop Desahucios de Granada, señaló tras la reunión con el consejero que es "intolerable" que las administraciones planteen que "ni tienen recursos ni pueden hacer nada legalmente".