Más de un centenar de efectivos de la Guardia Civil iniciaron ayer sobre las siete de la mañana una importante operación para desalojar a una treintena de familias con sus hijos pequeños que habían 'okupado' un conjunto residencial situado en la calle Barrio Nuevo en Pinos Puente. A esa hora, los agentes fueron llamando puerta por puerta en las viviendas de los inquilinos a los que informaron de que tenían tan solo 60 minutos pasa sacar lo imprescindible. Todo lo demás, les sería entregado posteriormente. "No me han dejado coger ni las cunas ni las mantas", explicaba minutos después una de las mujeres que había sido echada de uno de los pisos junto a su marido y sus hijos pequeños, de seis años y dos semanas.

Lo relataba a las puertas del Ayuntamiento de Pinos Puente donde todos los vecinos se concentraron durante horas para exigir al alcalde de la localidad, Enrique Medina, una explicación sobre el desalojo pero sobre todo ayuda. "No tenemos trabajo pero estamos dispuestos a pagar un alquiler social", gritaba otro de los afectados por este desalojo que, realizado con un fuerte dispositivo de seguridad, se produjo sin incidentes graves ni detenciones.

Las viviendas en cuestión forman parte de un residencial cuya empresa constructora nunca llegó a terminar las obras. Según explicó ayer el alcalde de Pinos Puente a Granada Hoy, José Enrique Medina, la empresa quebró antes de conseguir la licencia de primera ocupación por lo que, tras entrar en concurso de acreedores , pasó a manos del Banco Popular. "Estos vecinos no pueden quedarse en estas casas que no tiene licencia. Si pasa cualquier cosa el Ayuntamiento de Pinos Puente también será responsable", explicó Medina que se comprometió a hablar con la entidad para buscar soluciones.

En este sentido, Medina detalló que el Ayuntamiento no dispone de una bolsa de viviendas sociales para estas familias, la mayoría con hijos pequeños que ayer rompieron su rutina y se quedaron en la calle. "He recibido a tres de ellos como portavoces de todas las familias y les he explicado que los edificios no son municipales", detalló el alcalde que reconoció que en su interior tan sólo residía una familia dentro de la legalidad. Se trata de un matrimonio cuya casa fue demolida para la construcción del edificio y a los que la Guardia Civil recomendó guardar la calma y permanecer en casa mientras se produjo el desalojo que se prolongó hasta las once.

Tras la visita de los efectivos y la expulsión de los vecinos un auténtico escuadrón de obreros y empleados de Prosegur se dedicaron a tapiar las puertas en mal estado y a cambiar las cerraduras para evitar que se produzcan nuevas mudanzas ilegales al conjunto residencial. El portavoz de la Guardia Civil detalló que la primera denuncia que hay de la 'okupación' de este edificio data del año 2012. Sin embargo, en el último año y medio se intensificó la llegada de parejas jóvenes al conjunto de pisos que, después de ser reclamados por el Banco Popular, el juzgado autorizó para su desalojo. En el dispositivo participaron más de un centenar de efectivos de la Guardia Civil del Grupo Reserva y Seguridad (GRS); de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.

La situación más tensa se vivió sobre las 13:00 de la tarde cuando los vecinos negociaron dónde les llevarían las pertenencias que no pudieron coger. Según explicó ayer Manuel, el padre de uno de los jóvenes expulsados, hacia el medio día se produjo un forcejeo entre varias vecinas y la Guardia Civil fruto de la tensión de las familias. "Mi hijo y mi nuera se han quedado en la calle", remarcó con impotencia este hombre, que lleva viviendo en Pinos Puente desde hace más de 25 años.

Según explicó, ninguno de los dos jóvenes de 21 y 20 años, al igual que el resto de familias, tienen ni trabajo ni casa por lo que decidieron mudarse a este conjunto residencial que llevaba años abandonado. "Hay 31 familias con niños pequeños" Han hecho lo posible por encontrar un empleo pero no lo han conseguido. Todas las familias tienen bebés y hay mujeres embarazas" insistió este hombre que afirma no tener espacio suficiente en casa para meter a más gente. "¿No dicen que la ley protege al menor?", gritó otro de los afectados que no entendía cómo podían haberlos echado "como perros". Finalmente, la mayoría, según relató Manuel, han sido acogidos por sus familiares lo que para él no soluciona el problema. "A mí también me van a echar por impagos", apostilló. No obstante, ha acogido a su hijo y a su nuera que "no van a dormir en la calle".