Hace once años que entró en vigor el Decreto 537/2004 que regula los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público, así como las obligaciones de sus titulares. Entonces, cuando la Junta aprobó la normativa, las gasolineras de autoservicio o 'low-cost' eran conceptos que no constituían las mayores preocupaciones de un sector que ya empezaba a barruntar el cambio de modelo. Ahora, en 2015, estos establecimientos 'fantasma' son ya una realidad en toda España y en Andalucía, donde Granada es junto a Sevilla la provincia que más establecimientos de este tipo tiene. Consumo ha denunciado seis comercios que no cumplen con la normativa en suelo granadino, aunque actualmente puede haber casi una veintena de comercios de autoservicio. Todo un conflicto entre la ley y las reclamaciones de una industria que denuncia la pérdida de los puestos de trabajo y los usuarios que ven como en las gasolineras de bajo coste pueden ofrecer el producto hasta diez céntimos más barato por cada litro de combustible.

"La estamos sufriendo y la estamos denunciando esta competencia desleal de las gasolineras a las que no se le aplica la misma normativa", relata el portavoz de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES), Rafael Martín-Zamorano. La patronal es consciente de que aunque actualmente sólo están registradas seis denuncias de 'gasolineras fantasma' por los sindicatos son muchas más las que hay en la provincia, rondando la veintena. Principalmente se concentran en el Área Metropolitana de Granada, donde municipios como Ogíjares y Albolote son de los que más tienen, además de zonas industriales transitadas por muchos vehículos como Juncaril o Bobadilla. También son muy habituales en las gasolineras que pertenecen a supermercados y grandes superficies, que conocen de sobra experiencias de este tipo con las cajas automáticas.

A sectores como el alimentario con los bufés o las máquinas expendedoras no les ha quedado más remedio que adaptarse a estas nuevas formas de consumo, que suponen un recorte progresivo de los puestos de trabajo. Esta es la principal reivindicación de los sindicatos y las patronales de estaciones de servicio. "Este tipo de comercios va a arrastrar a negocios familiares", señala Martín-Zamorano, quien considera que este otro modelo perjudica también a los consumidores que pueden gozar de un trato cercano en sitios como Granada donde "la mayoría son gasolineras pequeñas".

La motivación económica es la principal razón de que la gente se decante por 'ponerse el mono' y repostar para luego pagar en una caja automática. Sin embargo, los usuarios no son conscientes de la cantidad de riesgos y perjuicios que puede conllevar el no tener cerca a un profesional y que configuran el decreto autonómico que prohíbe el autoservicio las 24 horas del día, ya que como explica David Avellaneda, de Facua Granada, muchas bordean el límite legal y sí tienen algún trabajador en el horario diurno. "Se ha denunciado la proliferación de las gasolineras desatendidas porque manipular combustibles tiene riesgos, además de que por ejemplo no se pueden pedir hojas de facturas", explica.

La ley autonómica obliga a que como mínimo haya una persona en las horas de más tránsito para evitar posibles problemas de seguridad como un derrame de gasolina, que se prenda fuego o que alguien hable por el teléfono móvil. Aunque como advierte el portavoz de APES hay asuntos más serios como "el ayudar a personas con discapacidad o mayores". Son algunas de las cuestiones que plantean la controversia como el hecho de que los tickets de las cajas automáticas no sirvan a muchos trabajadores que necesitan facturas con las que justificar un pago o que sólo sirva la tarjeta de crédito y no el efectivo para evitar los robos.

Pero por encima de todo, lo que la patronal y los sindicatos han denunciado con ahínco es la destrucción de empleo. Así, el sindicato CCOO y la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía (FEDAES) han denunciado que en Andalucía provocará que se pierdan 9.000 puestos de trabajo. Una cifra que puede ir en aumento, ya que la Asociación de Gasolineros Libres de Andalucía (AGLA) advierte de que cada vez son más las solicitudes de obra y permiso que reciben los ayuntamientos desde las compañías especializadas en el autoservicio.