Los supuestos vertidos de la depuradora del Centro Penitenciario de Albolote comienzan a salpicar a responsables institucionales. El juez de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha citado a declarar como imputados a varios altos cargos y ex representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalviquir (CHG), entre ellos al actual presidente de este organismo dependiente del Estado, Manuel Romero Ortiz.

En una providencia dictada el pasado 23 de marzo, a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado, que investiga la presunta emisión de aguas fecales de la cárcel granadina a un barranco y arroyo de la zona, acuerda la imputación penal de un total de ocho personas. La primera de ellas es Manuel Romero Ortiz, que deberá comparecer el próximo 21 de abril, a las 11:00 horas.

La citación del presidente de la CHG, que según recalcaron las fuentes consultadas le garantiza su derecho de defensa, fue solicitada por la acusación popular que ejerce la propietaria del Cortijo Las Torres, una finca aledaña a la prisión que se habría visto afectada por los supuestos vertidos. Ésta pidió su comparecencia como imputado por posibles delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación medioambiental omisiva y contra el medio ambiente.

En concreto, la acusación popular pidió la imputación del máximo representante de la CHG, con sede en Sevilla, "como responsable último y principal de todas las decisiones adoptadas en relación a los vertidos procedentes del centro penitenciario de Albolote, acaecidos en los últimos cinco años". Entre ellas, la decisión de "renovación de autorización de vertidos" del penal, así como haber mantenido "los mismos sistemas de prevención que se han mostrado totalmente ineficaces a lo largo de estos años, sin que por parte de la CHG se haya elevado el nivel de exigencia, a pesar de los múltiples y reiterados vertidos de sustancias contaminantes".

Entre los otros altos cargos y ex representantes imputados se encuentra asimismo el comisario de Aguas de la CHG desde 2013, que será interrogado el 23 de abril, a las 10:30 horas. También están el actual jefe del Área de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas de la CHG y el que fuera responsable de este mismo departamento entre mayo de 2009 y enero de 2011. Estos comparecerán, respectivamente, los días 24 y 28 de este mes. También será interrogado el ex presidente de la CHG entre 2004 y 2008, que luego fue comisario de Aguas de la CHG en el año 2011. Su comparecencia está prevista para el 29 de abril.

Las presuntas irregularidades que la acusación popular atribuye a algunos de estos ex altos cargos del organismo gestor de la cuenca del Guadalquivir son haber firmado autorizaciones "sin haberse cerciorado de las múltiples deficiencias de la EDAR (Estación depuradora de Aguas Residuales) de la prisión, ni haber adoptado las correspondientes medidas correctoras".

También se fijan en la providencia comparecencias para los días 4, 7 y 8 de mayo, fechas en las que deberán declarar, igualmente en calidad de imputados, el comisario de Aguas entre los años 2006 y 2008, la persona que ocupó ese mismo cargo en 1996 y el jefe de Servicio en Granada de la Comisaría de Aguas de la CHG en el año 2003. La imputación de este último fue solicitada de igual modo por la acusación popular a raíz de la tramitación de una solicitud de "vertido puntual", con ocasión de unas obras de mejora en los años 2003 y 2004, de la empresa que se encargaba en esa época del mantenimiento de la EDAR.

En cuanto a la petición de imputación de los últimos dos directores del centro penitenciario, Nahum Álvarez y Jaime Hernández, el magistrado acuerda "esperar a la recepción, en su caso, de documentación solicitada".

Las diligencias previas de este caso se incoaron a raíz de una denuncia formulada en 2010 por la dueña del mencionado cortijo. La denunciante aseguraba que a raíz de la construcción del centro penitenciario, desde 1995 a 1997 se causaron "graves y reiterados daños" en su finca, una explotación de más de 530.000 metros cuadrados con plantaciones agrícolas, "con concesiones para riego por distintos manantiales y para toma del arroyo Juncal". El juez trata de esclarecer si se ha cometido posible prevaricación por parte de los funcionarios responsables en materia medioambiental que no pusieron remedio a la situación, así como de comprobar si se ha contaminado la zona.