El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado "en su integridad" la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Granada que dejó sin efecto la suspensión del concurso de méritos para la provisión del puesto de secretario general de la Diputación. El fallo del Alto Tribunal desestima el recurso interpuesto por el organismo provincial y ratifica la sentencia dictada en enero de 2013 por el magistrado Antonio Iglesias, que contempló la concurrencia de "desviación de poder" en la resolución que el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, firmó el 4 de octubre de 2011, tres meses después de que el PP accediera gobierno provincial.

Así, el nuevo fallo, que condena a la Diputación al pago de las costas judiciales, asegura que la resolución dictada por la institución provincial -que suspendió la fase de valoración de méritos del concurso- impidió, "sin causa legal", que el puesto convocado se consiguiera "conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

"La validez de lo ahora impugnado (...) no puede venir determinada por la legalidad del contenido de las bases (de la convocatoria del concurso) por cuanto que la decisión de paralización y la de exclusión de la adjudicación del puesto no son consecuencias del normal devenir de tal proceso ni de las previsiones de sus bases", señala el alto tribunal.

La sentencia que ahora confirma el TSJA estimaba el recurso contencioso-administrativo presentado contra la decisión de la Diputación por el anterior secretario, Ildefonso Cobo, por considerar que la administración provincial tuvo ánimo de "perjudicarlo", puesto que, a pesar de presentar "los máximos méritos" para aspirar al cargo, "fue apartado" al llegar el PP al equipo de gobierno.

En la resolución inicial, el juez manifiesta su convencimiento de que "objetivamente, existen indicios claros de un 'animus nocendi' en el proceder de la administración por perjudicar al recurrete". Es más, entiende que ha sido acreditado que con la decisión de Sebastián Pérez "se persiguen otros fines prohibidos por el ordenamiento jurídico", "con la intención de excluir a un concreto candidato para ocupar el puesto convocado".

El magistrado indicaba en su sentencia, que, aún siendo "legítimo" que un cambio de gobierno modifique el criterio con respecto a la provisión de los puestos a cubrir , esto "no puede afectar a los procedimientos o convocatorias que ya están cursos y han producido efectos y expectativas para los interesados, por cuanto ello es contrario al principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución".

Esta sentencia llega después de que la Diputación acatara el primer fallo judicial, tras lo que el demandante accedió al cargo de secretario general. Con todo, las reacciones a la sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario, no se hicieron esperar. El grupo socialista de la Diputación exigió ayer explicaciones al presidente de la corporación, Sebastián Pérez, después de que la sentencia del TSJA confirme, a su juicio, que se excluyó a un candidato "para sustituirlo por un nombramiento a dedo". El diputado socialista Manuel Gómez Vidal señaló que la resolución judicial evidencia "el turbio" interés del máximo responsable de la institución provincial "para eliminar a un candidato legítimo de un puesto clave en la Diputación establecido para garantizar la legalidad de los procedimientos".

La Diputación contestó a las críticas de los socialistas acusándolos de "falsear la realidad", al asegurar que el propio Pérez ha sido condenado por "desviación de poder". "Sebastián Pérez no ha sido juzgado ni está condenado por ninguna sentencia", aseguró el portavoz de la Diputación, José Torrente, que recordó que la sentencia inicial "se limitaba a revocar una actuación administrativa y fue acatada en su momento".