Granada

El juez ordena una inspección ocular de la estación depuradora de la cárcel

  • Encarga a dos peritos un informe sobre el alcance del posible daño medioambiental

El juez que investiga los supuestos vertidos de aguas residuales de la prisión provincial durante años al arroyo Juncal, Miguel Ángel del Arco, ha ordenado que se realice una nueva inspección ocular del cortijo Las Torres y de la EDAR del Centro Penitenciario de Albolote.

En un auto, dictado el pasado 12 de mayo y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado, que es el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, fija para la visita el día 9 de junio. La inspección, en la que deberán estar presentes los peritos y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), se llevará a cabo a las 11:00 horas. La visita se iniciará en la puerta de la prisión provincial.

En la resolución, el instructor de este caso, en el que se trata de esclarecer si ha podido haber daños medio ambientales en la zona debido a los lodos procedentes del penal por el mal funcionamiento de la EDAR, acuerda asimismo que se lleve a cabo un acto de investigación pericial, "conforme a la proposición del Ministerio Fiscal".

Este acto, que se plasmará en un informe que previsiblemente será clave para el desenlace de la causa, se practicará por dos peritos, a quienes se les entregará, según ha dispuesto el instructor, copia de todo el material obrante en las actuaciones que sea necesario para su elaboración. Los peritos propuestos pertenecen al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla y a la Sección de Biología y Análisis Clínicos del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Este caso aterrizó en el juzgado en 2010, a raíz de la denuncia que interpuso la dueña del cortijo supuestamente afectado por los vertidos: Las Torres. La propietaria de la finca está personada como acusación popular y en el proceso es parte igualmente el Abogado del Estado.

Entre las personas hasta ahora imputadas están responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o la actual delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García.

Dentro de los aspectos que el juez quiere que aclaren los peritos está "si se ha producido un peligro concreto con el consiguiente riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y salud de las personas" debido a los supuesto vertidos. Asimismo, dispone que se valore "el alcance de los daños, caso de haberse producido, para personas, cosas materiales y físicas".

También encarga el juez a los expertos que determinen "los efectos que pueden producir los parámetros que superen, en su caso, los valores legales", en la finca cortijo Las Torres, en el cauce del arroyo Juncal, las laderas u orillas de dicho cauce, "y el cauce receptor o acequia que recibe al arroyo Juncal". De igual modo, pide que se pronuncien sobre su influencia como agua de riego y en los acuíferos subterráneos de la zona".

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