Granada

El juez 'saca' a los operarios de la lista de imputados en el caso de los vertidos

  • Decreta el archivo para seis investigados, cinco de ellos personal de mantenimiento de la prisión de Albolote

La lista de imputados por los supuestos vertidos de la depuradora del Centro Penitenciario de Albolote cuenta desde mediados de mes con seis imputados menos, cinco de ellos operarios de la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones.

En un auto, dictado el pasado 14 de julio y al que ha tenido acceso este diario, el juez Miguel Ángel del Arco, que investiga si las supuestas emisiones de aguas residuales procedentes del presidio al Arroyo Juncal han podido contaminar el entorno, acordó el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones sólo con respecto a ellos.

Entiende el magistrado, que es titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, que estos trabajadores no incurrieron en los delitos indiciariamente apreciados. "Difícilmente unos operarios, unos electricistas, unos peones, a las órdenes de un ingeniero, sea dicho con todos los respetos, pueden cometer tales infracciones, que por otras partes procesales se niega que se hayan cometido los anteriores e incluso se dicen que están prescritos", señala el instructor.

Es más, en sus razonamientos el juez considera que "es imposible una conducta delictiva en materia de vertidos, en realizar un aliviadero de fangos, en no aportar piezas para el mantenimiento de la EDAR o en acordar una sustitución competencia del Consejo de Ministros. Y no digamos de la competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

El sobreseimiento del caso para estos seis investigados, cuyas iniciales son A.A., R.I.A.P., J.C.M., A.G., J.M.M.G. y F.R.P., se produce después de que lo solicitase la acusación popular. Esta acusación la ejerce la persona que originó con su denuncia la apertura, en 2010, de estas diligencias previas, que es la dueña de una finca aledaña al penal: el Cortijo Las Torres. Desde entonces, el juez Del Arco investiga la posible comisión de varios ilícitos: delito medioambiental, daños, prevaricación omisiva y posible falsedad.

En la causa figuran como investigados, entre otros, el administrador del Centro Penitenciario de Albolote, las delegadas de la Junta de Andalucía Sandra García e Inmaculada Oria, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG ), Manuel Romero, y otros altos cargos antiguos y actuales del organismo gestor de la cuenca, que tiene su sede en Sevilla y depende del Estado. Entre estos últimos figuran el comisario de Aguas entre los años 2006 y 2008, la persona que ocupó ese mismo cargo en 1996 y el jefe de Servicio en Granada de la Comisaría de Aguas de la CHG en el año 2003. Los últimos llamados a declarar por el instructor han sido el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el ex director del centro de Albolote Eduardo Caracuel, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

En su resolución, el juez recoge parte de las declaraciones que prestaron en su día algunos de los operarios que 'saca' del listado de imputados. Uno de ellos, F.R.P, aclaró en su comparecencia que su trabajo consiste "en el mantenimiento integral del centro" y que él y sus compañeros trabajan "bajo la dirección de sus jefes, "del ingeniero y del encargado". Explicó que su misión es el engrase de bombas y comunicar cualquier problema que tengan las bombas a su empresa, al tiempo que precisó que "todos los días" hace revisiones "de la depuradora y de toda la maquinaria que hay allí". Al igual que él, J.M.M.G. trabaja para la empresa IMESAPI. Es electricista y su trabajo consiste en "revisar la maquinaria de lo que es la depuradora, engrasar, limpiar, que la maquinaria funcione bien y que el agua salga limpia".

La imputación de estos trabajadores se acordó en enero del año pasado a instancias de la acusación popular, que el pasado mes de marzo solicitó el archivo para ellos. También sus defensas lo habían solicitado. Entre los seis excluidos se halla A.A.. cuya intervención, según la alegación de su defensa que recoge el auto, "se contrajo a la firma del contrato en calidad de apoderado, sin que haya tenido nunca intervención alguna en el mantenimiento de la EDAR".

En la causa es parte también el Abogado del Estado, que pidió en su día el archivo del caso por la inexistencia de vertidos, una petición que fue rechazada y que se encuentra pendiente de que la Audiencia resuelva un recurso. Por su parte, la Fiscalía cree que gran parte de los delitos denunciados estarían prescritos.

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