Siete meses. Este es el tiempo que lleva guardado en algún cajón el expediente del proyecto de Santa Adela que el Ayuntamiento de Granada remitió a la Junta de Andalucía solicitando financiación el pasado mes de enero. Un plazo, a ojos de la capital, más que suficiente para que el organismo autonómico hubiese dado respuesta en este periodo de tiempo. Sin embargo, poco se sabe acerca de este documento, que llegó a la Consejería de Fomento cuando todavía estaba liderada por Elena Cortés (IU), y que quedó a la espera de que se formarse el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía tras las elecciones anticipadas. Por eso, ayer, en la reunión celebrada para hablar de Santa Adela, se llegó a una conclusión: es necesario localizar al técnico responsable de este expediente en la Dirección General a efectos de poder tener una reunión en el mes de agosto y facilitar cuantas aclaraciones necesiten.

Así lo comunicó ayer el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa en la que se remarca la necesidad de hacer todas estas gestiones antes del 1 de octubre. El motivo es que antes de esa fecha se debe convocar una comisión bilateral y proceder a la firma del convenio específico para optar a las ayudas económicas que permitirán la regeneración del barrio enclavado en el Zaidín.

Según detalló el Ayuntamiento, ayer se celebró una reunión informativa en la sede del Área de Urbanismo con la asistencia de la plataforma de vecinos de Santa Adela así como representantes de la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía y concejales de todos los grupos municipales del Ayuntamiento.

En dicha reunión se recordó al representante de la Junta que en el pleno municipal celebrado el pasado lunes se aprobó por unanimidad una moción recordando a la Junta que debe remitir el expediente antes del citado 1 de octubre y convocar la comisión.

El proyecto, que ha tenido el visto bueno de todos los partidos en el Ayuntamiento de Granada, contempla la demolición de tres edificios con 76 viviendas y la construcción de un nuevo edificio con 126 viviendas para realojar a la misma cifra de familias. Dicha intervención tiene un coste de 13 millones de euros que se financiarán en tres años para las tres administraciones. El 3 de septiembre se celebrará una nueva reunión.