Para los populares, "la punta del iceberg" de un grave y profundo problema; para los socialistas, "teatro"... Dos formas de mirar y ver un mismo caso: la financiación local.

La huelga de hambre iniciada el lunes por el alcalde de Polopos-La Mamola es el detonante. El paso adelante del primer edil del municipio costero, Pedro Fernando García (Agrupación Socialista independiente de Polopos-La Mamola), suscitó reacciones distintas según el cristal político con que se mire la demanda de este alcalde dispuesto a no ingerir más que agua hasta fin de mes para exigir una ley de financiación "más justa y adecuada".

El alcalde de Motril y parlamentario andaluz, Carlos Rojas (PP), apoyó ayer la protesta de Pedro Fernando García. Si Gobierno y Junta no toman medidas, dijo el regidor de la segunda alcaldía de la provincia, "la situación de los ayuntamientos se volverá insostenible", al no poder afrontar "ni tan siquiera sus gastos corrientes".

"La punta del iceberg" de un grave problema, según Rojas, que opina que el panorama que se encuentran los ayuntamientos se está volviendo "dramático", ya que al insuficiente modelo de financiación "se une la crisis económica y la caída del sector de la construcción, principal fuente de ingresos de los consistorios", gracias a las licencias.

Por contra, los socialistas ven en el alcalde de Polopos una postura "populista" que califican, incluso, de "acto teatral". El parlamentario andaluz del PSOE José García Giralte fue ayer más allá. Giralte, a su vez miembro de la ejecutiva regional socialista, insinuó ante la prensa que si la situación de en Polopos "se puede deber a un despilfarro".

El problema de Polopos no es general, en versión de Giralte: "Todos tienen la misma financiación y ninguno deja de pagar", argumentó el dirigente socialista. Además, Giralte recordó los 45 millones "extra" que han recibido los ayuntamientos andaluces en virtud de un convenio entre la Junta y las diputaciones.

La discusión no ha hecho más que empezar pero ya hay una voz disidente dentro del PSOE. El alcalde de Loja, Miguel Castellano, manifestó en el último pleno su oposición a la ley, "una norma injusta, que vulnera la autoridad municipal y no es lógica ni razonable".