Parece impensable que los alrededores del Museo del Prado o del Reina Sofía de Madrid no tengan un perímetro de seguridad vigilado con cámaras dado el valor artístico de los bienes que el edificio alberga luego... más estrecha debería ser la vigilancia si los bienes a proteger están en plena vía pública. Este hilo argumental será el que utilice el Ayuntamiento de Granada para justificar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su petición de colocar cámaras de seguridad en los alrededores de sus joyas patrimoniales más valiosas. De esta forma pretenden disuadir y controlar cualquier acto vandálico que se produzca, principalmente, en cinco monumentos: el Arco de las Pesas, Puerta Monaita, el Arco de Elvira, el palacio de Dar al Horra y el recién remodelado Cuarto Real de Santo Domingo.

No hace falta más que echar un vistazo rápido a las fotos que ilustran esta información para darse cuenta del deterioro al que están sometidos muchos de los edificios patrimoniales de Granada, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Desde el Ayuntamiento creen que hay que intentar por todos los medios que esta medida se ponga en marcha ya que han comprobado que una vez que se limpian las pintadas vuelven a aparecer en un par de días. La dificultad de encontrar al autor de los hechos in situ e in fraganti complica sustancialmente las cosas e impide que muchas veces se puedan aplicar los castigos oportunos a este tipo de actuaciones vandálicas.

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, anunció hace cinco días su intención de realizar esta petición al Tribunal Superior de Justicia aunque dejando claro que la decisión excede a las competencias del Ayuntamiento. A partir de ahora es la Comisión de Garantías de la Videovigilancia quien tendrá que dirimir la oportunidad... o no, de llevar a cabo esta actuación.

¿En qué se va a basar esta decisión? En el balance que haga la institución sobre el derecho que prevalezca más: el derecho a la intimidad (no olvidar que es un derecho fundamental) o el respeto patrimonial. En el año 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó la pretensión del centro comercial de Granada de colocar cámaras de seguridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Fue una decisión que se tomó por unanimidad de sus miembros.

Según informó por aquel entonces el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, se puso de manifiesto que el proyecto promovido por el centro comercial abierto no se adaptaba como debería al derecho a la intimidad ni a los valores de carácter histórico y monumental de la ciudad.

De esta forma, la decisión de la Comisión de Videovigilancia, que es vinculante, puso freno al actual proyecto de los comerciantes del centro que comenzó a gestarse en el verano de 2006 tras un encuentro de los representantes del centro comercial abierto con los mandos de la Policía Nacional.

El proyecto analizado por la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del TSJA contemplaba la instalación de entre 15 y 17 cámaras en las principales calles comerciales del centro de la ciudad. El coste de la instalación fue fijado entre los 150.000 y los 180.000 euros. El Ayuntamiento de Granada se mostró dispuesto a financiar el proyecto de videovigilancia con una partida de 10.000 euros con cargo al Plan Urban. El resto sería aportado por el centro comercial abierto.

La asociación Jueces para la Democracia, tambien se pronunció por aquel entonces sobre esta medida que ya habían puesto en marcha otras ciudades como Málaga. La asociación consideró que este tipo de medida supone un paso en el proceso de privatización del espacio público y afecta a algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras solo graban un plano fijo mientras enfocan al edificio y no recogen sonido? Todos estos parámetros son los que tendrá que volver a estudiar la Comisión de Garantías de Videovigilancia.

La Unidad Adscrita de Policía Judicial a la Fiscalía Superior de Andalucía es uno de los referentes nacionales en la lucha contra las pintadas sobre bienes e inmuebles protegidos. La unidad, centrada en la persecución de este tipo de daños contra el patrimonio, intensificó su especialización para combatir las pintadas ilegales en el año 2009.

A raíz de un grafiti en el Monasterio de Santa Isabel la Real el fiscal superior, Jesús García Calderón, abrió diligencias informativas en un decreto en el que consideró "imprescindible" coordinar las actuaciones para combatir estas agresiones al patrimonio. A partir de ese momento se tomó conciencia de la importancia de los daños que se causa a emplazamientos históricos y comenzó un tratamiento diferencial en su persecución, que incluyó la confección de un catálogo de Bienes de Interés Cultural. Se pretendía aumentar la conciencia sobre estas agresiones, buscar la corresponsabilidad de la clase política, las fuerzas de seguridad y las administraciones para poner en marcha un protocolo común.

Viendo que las pintadas seguían en las fachadas,en el año 2012 la unidad policial propuso mejorar le uso de la denominada 'seguridad estática' a través de cámaras de vigilancia y la utilización de los centros de pantallas y existentes en las ciudades.

Los grafitis o pintadas sobre bienes protegidos o considerados BIC pueden ser tipificados como falta cuando sus daños no superan los 400 euros o bien como delito contra el patrimonio si sobrepasa esa cantidad, lo que puede ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multas. Cuando las afecciones se limitan al deslucimiento de bienes estas pueden ser castigadas con penas de localización o trabajos en beneficio de la comunidad.