La Junta Local de Seguridad dio ayer el visto bueno al plan de videovigilancia presentado por el Ayuntamiento para proteger los monumentos del Albaicín de actos vandálicos y pintadas. La propuesta de la ciudad pasa por, según desveló ayer el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, instalar unas cámaras con sensores que sólo graben cuando cambie la textura de un monumento o haya movimientos extraños. Es la forma de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que se remitirá ahora el documento para su aprobación final, dé el visto bueno a la instalación del sistema, que no afectaría al derecho a la intimidad del ciudadano.

El expediente, que los técnicos han considerado viable, incluye colocar seis cámaras, que grabarían las puertas de las Pesas (del siglo XII), Monaita y Elvira (ambas del siglo XI), el Aljibe del Zenete (siglo XVI) y el entorno del Palacio de Dar Al-Horra, que fue casa de la madre de Boabdil y que por sus dimensiones incluiría dos cámaras. Se trata de los puntos más afectados por las pintadas y actos vandálicos y registrados por el Ayuntamiento como de especial protección ya que no cesan las provocaciones de daños sobre los mismos.

Con esta intervención el objetivo es velar por los bienes culturales de este histórico barrio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, y donde el repunte de actos vandálicos no cesa a pesar de las sanciones (de hasta 3.000 euros) que supone realizar daños al patrimonio y de los planes antigrafitis puestos en marcha con especial vigilancia de la zona. De hecho, el pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó en septiembre una moción para combatir las pintadas en el patrimonio por el reducido número de sanciones, con 14 personas identificadas este año y 16 denuncias judiciales o administrativas.

El problema era diseñar un plan de vigilancia que no afectase al derecho a la intimidad de los ciudadanos y a la ley de protección de datos. Por eso, la idea de las cámaras con sensores permitirá compaginar el cuidado de los monumentos con esos derechos ciudadanos.

El proyecto, que fue conocido ayer por técnicos, efectivos de los cuerpos de seguridad y representantes políticos, tendrá que cumplir los requisitos legales para que el TSJA autorice al Ayuntamiento a instalar estas cámaras. Se decidirá en la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que tiene un plazo legal máximo de un mes para reunirse y que valorará si el proyecto se ajusta a derecho.

El Ayuntamiento de Granada ya intentó hace unos años colocar cámaras en el centro de la ciudad para mejorar la seguridad ciudadana sin conseguirlo y también pidió usar una cámara en el Cuarto Real, una iniciativa que también fue denegada.