Granada

El ex alcalde de Atarfe justifica los contratos irregulares en la crisis

  • Ruiz Maeso se aferró ayer en el juicio a la "penosa" situación económica que pasaba el Ayuntamiento

El ex alcalde de Atarfe Tomás Ruiz Maeso (PSOE), para quien la Fiscalía ha solicitado ocho años y medio de inhabilitación por dos delitos contra la administración pública, ha justificado la contratación irregular de dos empleados en la "penosa" situación económica y ha considerado que todo fue legal.

Durante el juicio celebrado ayer en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, el ex alcalde recalcó que las dos contrataciones por las que el Ministerio Público ha considerado que cometió dos delitos de prevaricación se aprobaron por un decreto por la urgencia y la excepcionalidad de la situación.

El Ministerio Público consideró que Ruiz Maeso cometió dos delitos de prevaricación administrativa al dictar, el 18 de diciembre de 2012, una resolución por la que se acordaba el pase a la situación de jubilación a tiempo parcial de un trabajador como director de contratación y compras. Al mismo tiempo decidió contratar para ocupar dicho puesto, a tiempo completo y mediante contrato de relevo a otro, procedente de la empresa pública Proyecto Atarfe SA, y que no cumplía los requisitos formativos para el puesto, una acción que repitió el 29 de diciembre de 2012 para contratar a un segundo trabajador en los mismos términos.

El ex alcalde explicó que los dos contratos se enmarcan en una situación económica del Ayuntamiento "penosa" y defendió que actuó así porque la medida suponía un ahorro anual de 100.000 euros para las arcas municipales. El ex regidor justificó la urgencia porque la legislación cambiaba en enero -las resoluciones se dictaron en diciembre- y subrayó que el secretario dijo "en su opinión" que había que realizar un concurso, pero que los asesores laborales arreglaron el expediente. Los dos trabajadores procedían de la empresa pública "Proyecto Atarfe SA", una firma de capital público que nació con fines urbanísticos.

La Fiscalía ha mantenido la petición de ocho años y medio de inhabilitación en el juicio, que ha quedado visto para sentencia.

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