Al Ayuntamiento de Granada se le acumulan los problemas en el área de Urbanismo. Según informó ayer el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, la Fiscalía ha abierto diligencias por la cesión de la Casa Ágreda a la organización sin ánimo de lucro que pretende convertirla en un centro social. Unas diligencias que se abren la misma semana en que la juez que lleva el caso Serrallo ha desestimado el recurso de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, obligándola a declarar como "investigada" el próximo 10 de diciembre. Casos, todos ellos, que el portavoz del PP, Juan García Montero valoró ayer como "un auténtico acoso y una forma torticera de ir contra el Ayuntamiento de Granada".

En concreto, el portavoz de IU, explicó que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la cesión que ha sido denunciada por varios vecinos de la capital. En dichas denuncias se han expuesto diferentes argumentos contra la cesión de este inmueble de un valor, según Puentedura, "incalculable y por tanto imposible de tasar". En este sentido, el portavoz dijo que en 2008 se valoró el inmueble en 6.200.000 euros mientras que en 2014, esta cuantía descendió hasta los 4.000.000. Una bajada que según Puentedura fue justificada por "la caída de la actividad inmobiliaria". Sin embargo, lo que para el portavoz no es de recibo es que ahora, la federación Aide pueda hacerse con la Casa Ágreda por 1.600.000 euros con un único requisito: hacer obras por valor de casi 5 millones de euros.

"¿Cómo se han hecho las valoraciones?", se preguntó el portavoz de IU, para quien un palacio municipal del siglo XVI tiene "un valor incalculable", hasta el punto de que ya se ha incoado el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). "Podrá tener un precio pero solo por su interés patrimonial vale mucho más", destacó. Ahora, con la investigación de la Fiscalía, Puentedura espera que ésta aclare numerosas dudas como por ejemplo por qué los requerimientos se hacen con posterioridad a la adjudicación o por qué se subsanan los requisitos también después, como si la adjudicación "se hubiese hecho a medida para la Casa Ágreda".

El portavoz exigió al PP que cumpla con la moción aprobada con los votos de PSOE, Vamos Granada e IU y respaldada por la plataforma que lucha contra la venta para la paralización del proceso al entender que se trata de una operación lesiva para los granadinos.

La visión del portavoz del PP, Juan García Montero es bien distinta. Según detalló minutos después, lo que se está haciendo últimamente es un acoso claro contra el área de Urbanismo, y más concretamente contra la concejal, Isabel Nieto. "Parece que hay un interés para atacar...", dijo, y remarcó que entregarán toda la información a la Fiscalía ya que "tienen la conciencia muy tranquila". Asimismo, incidió en que el expediente siempre ha estado a disposición de los grupos y dijo que no entiende cómo se arma este revuelo en el proceso final y no al principio, cuando pasó por pleno.

Por último, aclaró que no se cumple con la moción al entender que choca contra la legalidad, pues la ONG logró la adjudicación tras un concurso público.