Tribunales

Las defensas piden la nulidad del juicio del caso Los Cármenes, que se aplaza hasta el lunes

  • Durante la primera sesión de la vista oral, las letrados de los imputados han planteado diferentes cuestiones previas, que la Sala deberá resolver para el próximo lunes 8 de septiembre, cuanto está previsto que se retome el juicio.

Las defensas de los acusados por la presunta estafa inmobiliaria en la venta del antiguo Estadio de Los Cármenes han pedido hoy a la Audiencia de Granada que acuerde el sobreseimiento del caso, basándose principalmente en la nulidad de la instrucción judicial, a lo que se han opuesto las acusaciones.

Durante la primera sesión de la vista oral, las partes han planteado diferentes cuestiones previas, sobre las que Sección Primera deberá decidir para que el próximo lunes 8 se pueda retomar el juicio, que sienta en el banquillo a antiguos directivos del Granada CF y responsables de las más importantes inmobiliarias.

Aunque inicialmente iban a ser enjuiciadas un total de nueve personas, la acusación que ejerce el ex presidente del Club Alfonso Suárez, a la que se suma la de un grupo de socios, ha optado por retirar la de un notario que también estaba implicado, que ha abandonado la Sala deseando "suerte" a los imputados restantes.

Las acusaciones particular y popular, las únicas que piden responsabilidades penales en un caso en el que el fiscal no ve delito, atribuyen a los encausados maquinación para alterar el precio del mercado, un delito societario, estafa y falsedad, mientras que el Ayuntamiento está personado como actor civil.

Precisamente la personación de estas acusaciones y la del Consistorio ha sido cuestionada por todas las defensas, que comparten que en la operación no existió daño directo para el ex presidente Alfonso Suárez, quien no podría considerarse como perjudicado ni exigir así responsabilidades penales o civiles.

Al entender que en este caso no existe "parte legitimada" para solicitar la apertura de juicio oral, han pedido a la Sala que declare la nulidad de las actuaciones y sobresea el caso, al tiempo que han criticado la que consideran una "arbitraria" calificación de los hechos de la acusación.

Las defensas han sido también especialmente críticas con la investigación llevada a cabo por el titular del Juzgado del Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, que tildan de "ineficaz" y "caótica" y a quien consideran más "un acusador" que un juez instructor.

Esta postura ha sido parcialmente compartida por el representante del Ministerio Fiscal, quien pese a haber reconocido que la instrucción fue un "caos" no considera que las irregularidades procesales o la dilación temporal del caso haya derivado en indefensión de las partes, por lo que el juicio debe celebrarse.

Por su parte, el abogado de la acusación particular ha argumentado que las defensas sólo tratan de "distraer" la atención y ve "sorpresivo" que se planteen ahora ese tipo de cuestiones previas cuando han tenido una década para hacerlo.

El letrado del Ayuntamiento se ha opuesto también de forma rotunda a las cuestiones planteadas y ha recordado que, hasta en veinticinco ocasiones, las defensas han planteado en más de noventa recursos presentados la nulidad de la causa y que, hasta ahora, ha sido rechazada.

El ex presidente del Granada Club de Fútbol Alfonso Suárez, quien motivó el inicio de la investigación judicial, consideró en su día que la operación se hizo, entre otras irregularidades, sin la aprobación de la asamblea de socios y después de que los directivos del club supuestamente inflaran la deuda real de la institución deportiva.

Posteriormente, el club interpuso una demanda contra Promociones Lazasur, que compró el estadio, en la que solicitaba la nulidad de la venta de Los Cármenes y a su vez que la demandada pagara los perjuicios de dicha nulidad.

La venta del recinto -actualmente convertido en viviendas y un aparcamiento- llegó a ser calificada por el juez instructor como el resultado de una "trata de especulación" que concluyó en mayo de 1996 con la compra del solar y de la deuda del club en subasta pública por la empresa Lazasur, una operación cifrada entonces en unos 2.000 millones de pesetas (unos 12 millones de euros).

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