Granada

El juez rechaza 'sacar' a la delegada del caso de los vertidos de la prisión

  • Recuerda que existe un recurso de Sandra García sobre su estatus de investigada pendiente de lo que decida la Audiencia

El juez que investiga los supuestos vertidos de aguas residuales procedentes de la depuradora de la prisión provincial al Arroyo Juncal, Francisco Javier Zurita, ha rechazado archivar la causa contra la delegada de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, y la delegada del Gobierno, Sandra García, que siempre ha sostenido que la Junta no tiene competencia en esas supuestas emisiones.

En una de sus últimas providencias, fechada el 14 de enero y a la que ha tenido acceso este diario, el juez de Instrucción 6 recuerda que existe pendiente de resolución un recurso de apelación en la Audiencia "contra la denegación de idéntica petición". Por eso, concluye que "no ha lugar" en este momento a un pronunciamiento sobre la nueva petición de archivo, "dada la pendencia de dicha impugnación ante el órgano superior".

El caso de los supuestos vertidos de la prisión se inició en 2010, siendo titular del juzgado el magistrado Miguel Ángel del Arco, ya jubilado. En la causa existen numerosos imputados, entre los que figuraba el secretario general de Instituciones Penitenciaria, Ángel Yuste, para quien el juez sí ha decretado el archivo de las actuaciones. Lo hizo a través de un auto dictado el pasado día 11. En él estimó en parte la petición formulada por el Abogado del Estado en un recurso, en el que también pedía 'sacar' del caso al exdirector del presidio Eduardo Caracuel.

El instructor recuerda que la imputación de Yuste -que se produjo por presunta prevaricación omisiva y posibles delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio- se acordó el año pasado a petición de la acusación popular, que ejercen los dueños del Cortijo Las Torres, promotores de la denuncia que originó el caso y principales perjudicados por las supuestas emisiones contaminantes.

Yuste, como explica el juez, ha desempeñado puestos relacionados con Instituciones Penitenciarias durante "dos períodos bien diferenciados": primero fue director general entre 1996 y 2004, y desde entonces y hasta ahora se secretario general. Con respecto a ese primer período, el juez decreta el archivo parcial de las actuaciones para él "por prescripción de los delitos respecto de aquel primer período". En cuanto al segundo período, evoca la estructura organizativa de Instituciones Penitenciarias y subraya que "la Secretaría general carece de competencia directa en esta materia".

Así, excluye a Yuste de los investigados, pero deja a Caracuel, que fue incluido en su condición de subdirector general de Servicios Penitenciarios. En su caso, "por el momento y en el estado actual de las diligencias" decide que permanezca en la causa por considerar que debe ser objeto "de una más detallada valoración en fases posteriores del procedimiento".

Por otro lado, según ha podido saber este diario, el juez también ha decidido mantener, sin perjuicio de volver a valorar el grado de su presunta responsabilidad más adelante, el "estatus de investigados" del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, y de otros dos altos cargos del organismo.

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