Granada

La Abogacía pide la suspensión "inmediata" del papel cero ante los continuos fallos del sistema

  • El Colegio de Abogados, a través del Cadeca, reclama que se faculte a los profesionales para presentar los escritos en formato papel

Si el pasado jueves el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, planteó la posibilidad de que se suspendiera el 'papel cero' en la jurisdicción civil ante la acumulación de demandas sin tramitar derivada de los problemas de integración entre Lexnet y el sistema procesal Adriano, ahora son los abogados los que han tomado partido en un asunto que les afecta de primera mano y que amenaza "la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva".

El Colegio de Abogados de Granada informó ayer de que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) ha acordado solicitar al Ministerio de Justicia que adopte de "forma urgente" las medidas necesarias para la "suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad para los profesionales de la Justicia de la presentación telemática de escritos a través de Lexnet", habilitándolos para presentar sus escritos y demandas en formato papel.

Según el acuerdo adoptado por los colegios de abogados andaluces, esta medida debe mantenerse hasta que el "correcto funcionamiento" del sistema garantice la seguridad jurídica de la labor de los abogados, salvaguardando así "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos".

Porque, hasta ahora, no lo ha hecho. Según el colectivo, las deficiencias del sistema, unidas a los "múltiples y frecuentes fallos que impiden o ralentizan extraordinariamente el acceso de los profesionales de la justicia a Lexnet", está provocando graves demoras o incluso imposibilitando la presentación telemática de los escritos, lo que a su vez impide a los profesionales cumplir con sus obligaciones.

Además de formalizar la solicitud ante el Ministerio de Justicia, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados acordó en su sesión el viernes 5 de febrero trasladar su resolución a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de Procuradores de España, al Consejo General de la Abogacía Española y a la Defensora del Pueblo.

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