El encarcelamiento de los titiriteros granadinos Alfonso Lázaro y Raúl García sigue haciendo correr ríos de tinta cuatro día después de que acabaran en prisión. Mientras el juez de la Audiencia Nacional decide sobre el recurso interpuesto por sus abogados para que sean liberados -algo que, según fuentes cercanas del caso, podría suceder esta semana-, el debate se ha instalado también en el mundo judicial, trascendiendo una batalla política que centra sus ataques en el Ayuntamiento de Madrid.

No hay una opinión unánime entre jueces y fiscales sobre la decisión del magistrado Ismael Moreno de enviar a prisión incondicional a los dos actores acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Aunque todos los representantes de asociaciones judiciales mostraron ayer respeto por la decisión del juez y rechazaron de forma unánime los ataques que ha recibido en los últimos días, también manifestaron posturas muy encontradas sobre el desarrollo judicial del caso.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, Celso Rodríguez, aseguró a Efe que "la libertad de expresión no puede ampararlo todo y que al auto del magistrado, por su concreta motivación, merece todo el respeto".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, estimó que la resolución es "discutible jurídicamente", y aunque reconoce que representar la obra ante un público infantil fue "un grave error", apuntó que este hecho puede implicar responsabilidades políticas, pero no necesariamente consecuencias penales. A su juicio, la mera aparición del ya célebre cartel de 'Gora Alka-ETA' no es suficiente para apreciar enaltecimiento del terrorismo, puesto que en ese caso también lo sería el contenido de todas las películas sobre ETA y Al Qaeda. También expuso sus dudas sobre la posibilidad de que se consolide en la judicatura una doctrina expansiva a favor de la prisión provisional, recordando que se trata de una medida excepcional que debe estar muy justificada, siendo sólo aplicable para delitos castigados con penas muy altas y cuando hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de cometer más delitos.

Por su parte, el Foro Judicial Independiente, si bien consideró "aconsejable la sana crítica a las resoluciones judiciales", dejó claro que "no es de recibo" que desde instancias se "exija" la inmediata libertar de unas personas que se hallan en prisión por decisión "fundada" de un magistrado.

El portavoz de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en esta carrera, Emilio Frías, defendió la resolución adoptada por el juez Ismael Moreno. "Si ha tomado esa decisión será porque existirá una motivación más que suficiente para ello", apuntó. También expresó ayer su opinión el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, que calificó la medida de "sorprendente y muy dura".

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, fue bastante cauto y se limitó a mostrar su respeto a la decisión judicial y a la importancia de actual con celeridad para resolver casos en los que se ha dictado prisión preventiva.

Quien no dudó ni un minuto en posicionarse a favor del magistrado fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que afirmó que con "autorías judiciales de este tipo, seguramente, esas sátiras y ese humor negro acabarán, por el bien común de todos".

En el terreno político, aunque esta vez desde Granada, el portavoz del equipo de Gobierno local, Juan García Montero, volvió ayer a mostrar su convencimiento de que el Ayuntamiento de Madrid "sabía lo que estaba contratando" y que a los titiriteros, lejos de "merecer apoyo", se les debe aplicar "la dureza de la ley, de la misma manera que a cualquier otra persona que vulnera el Código Penal".

En el otro extremo del abanico de opiniones se sitúan los representantes del mundo cultural. La Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza pidió ayer la puesta en libertad inmediata y sin cargos de los miembros de la compañía 'Títeres desde Abajo', considerando un "auténtico disparate" su detención y su encarcelamiento. Los empresarios teatrales aseguraron que este "desafortunado accidente" se podría haber evitado si los responsables de programación hubieran conocido el contenido de la obra.