Los beneficiarios de los 400 euros correspondientes al denominado salario social de la Junta de Andalucía (o Renta Mínima de Inserción) llevaban semanas advirtiendo del retraso en el pago de la ayuda, algo 'vital' para sus economías ya que la mayoría dedica este ingreso al pago de alquileres, recibos y gastos de primera necesidad por sus escasos recursos y poca capacidad de ahorro. Incluso temían que no llegara, lo que ha hecho que estos días se activara un movimiento en redes sociales e incluso se pidiera la mediación política y del Defensor del Pueblo para que no se dejara en el olvido una partida que está destinada a las personas más afectadas por la crisis y en riesgo de exclusión social.

Finalmente, la Consejería de Igualdad confirmó ayer que se había autorizado ya el cargo desde Hacienda y que se había hecho la transferencia, por lo que los beneficiarios empezarán a recibir el ingreso desde hoy.

Según argumenta, no se trataba de un problema presupuestario ya que este concepto es prioritario para la Junta dentro de su lucha contra la exclusión, sino del cambio de ejercicio presupuestario. Normalmente el abono se hace antes de que termine el mes y por convenio hay hasta el día 10 del mes siguiente para realizar el abono. En Delegación estaba todo el trámite preparado a expensas de que se liberara la partida desde Sevilla, que se hizo ayer desbloqueando por tanto el ingreso de la partida retrasada. Hay casos de familias que no han recibido nada desde diciembre de 2015.

El riesgo que temían los beneficiarios, y que así se hizo constar a la Junta a través de diferentes cauces, es que al estar en marcha el cierre del ejercicio presupuestario de 2015 y la apertura del nuevo de este año, se quedara en una posición secundaria al considerarse como subvención esta partida social y no como nómina.

En Granada hay más de 6.000 familias que viven gracias al salario social, que supone un abono de entre 400 y 645 euros, con una media de 382 euros al mes durante un semestre. La norma permite que las familias disfruten de este salario durante seis meses y que luego 'descansen' otros seis. Después de este plazo, se puede solicitar de nuevo y someterse otra vez a estudio el caso. La petición de ayudas se ha multiplicado en los últimos años.