La carta de Diego, el niño de 11 años que se suicidó el pasado otoño en Madrid, destapó la caja de los truenos. El supuesto acoso escolar que sufrió el menor pasó prácticamente desapercibido para los padres, mientras que la dirección del colegio concertado al que acudía negaba los hechos. Este caso reúne todas las características propias de la intimidación, humillación y vejación a la que son sometidos muchos alumnos en los centros educativos por parte de otros compañeros: una familia que tarda tiempo en percatarse del problema que padece su hijo, docentes a los que se les escapa este conflicto en el aula y la dirección de un colegio que ningunea la situación para que el centro no se vea perjudicado. Las normativas elaboradas por las administraciones públicas para prevenir y actuar en estos casos no son suficientes. Los resultados demuestran que los departamentos de orientación educativa carecen en demasiadas ocasiones de profesionales capaces de activar el protocolo contra el bullying ante el menor síntoma que surja.

Las cifras constatan los hechos. Si en Europa la media de orientadores por estudiantes es de uno por cada 250, en Andalucía esta cifra se eleva a uno por cada 700. En los colegios la ratio es mucho más amplia: un orientador por cada 3.000 alumnos. La carencia de profesionales invalida los distintos decretos aprobados por los gobiernos autonómicos, a los que compete la gestión de las políticas educativas. La normativa actual data de 2007, y fue actualizada en 2011 para fijar un protocolo común a todos los centros sostenidos con fondos públicos en los que se den casos de acoso escolar.

La herramienta -la ley- está ahí, pero su aplicación no está exenta de problemas. Además de lo limitado de los recursos, José Madero, delegado provincial de la Asociación de Directores de Andalucía (Adian) y director del IES Arjé de Chauchina, señala otras trabas. Por un lado, la burocracia a la que obliga la normativa. "Es complicado. En el centro lo más importante es actuar cuanto antes", al tiempo que la Administración exige que se cumpla con un protocolo que requiere de "una inmensidad de tiempo". Hay que hablar con el alumno, con la familia, con el resto de profesores del alumno acosado, con sus compañeros, reunir a la comisión de convivencia del centro, informar al orientador, a la inspección educativa... Lo garantista del sistema hace inevitable que se dilate en el tiempo, pero es algo que los directores asumen, precisamente para asegurar que el proceso cumpla su cometido, atajar los casos de acoso.

Madero reconoce que en la aplicación de la normativa han influido las noticias sobre acoso de los últimos meses. Muertes como la de Diego han servido para que los institutos reaccionen "ante la más mínima duda" con la activación del protocolo, que exige informar a la Delegación de los casos de acoso.

Otra dificultad con la que se enfrentan los docentes es detectar cuándo se está delante de un caso de acoso. "Si no nos llega es difícil" que el centro pueda tomar medidas, razona Madero, que insta a aquellos alumnos que estén en esta situación a denunciar ante sus profesores o equipo directivo. "El que esté realmente acosado, que lo hable". El director del IES Arjé puntualiza que no siempre que se recurre al profesorado es por una situación de acoso, y que hay casos en los que situaciones triviales se denuncian como tal.

La normativa también asume que no todos los casos deben tratarse por igual, y distingue entre el maltrato leve, moderado y grave. En el primer caso el daño provocado no es significativo y se puede solucionar con la intervención de las familias. En los casos moderados se estima que el acoso ha provocado daños, y se requiere de "algún tipo de intervención especializada". Estos casos se atienden con la ayuda de los servicios sociales, educativos y sanitarios. En los casos graves peligra la integridad física o emocional del menor, que puede tener un perfil especialmente vulnerable (por edad o padecer algún tipo de enfermedad). Estos casos pueden requerir de medidas protectoras.

Existen pautas para ayudar a los docentes a dilucidar si se tiene en clase a un alumno acosado. Sin embargo, no siempre es suficiente. Como medida preventiva, el IES Arjé tiene previsto para el curso que viene pasar un formulario a sus nuevos alumnos, que contestarán de forma anónima. Se les preguntará por sus relaciones sociales, entre otras cuestiones, y las respuestas ayudarán a deducir si hay alumnos en riesgo y, a partir de ahí, trabajar. Esta iniciativa ya ha sido puesta en práctica por otros centros de la provincia.

Precisamente, la detección temprana del acoso es fundamental para evitar cualquier perjuicio sobre la víctima. Una labor bastante difícil que escapa en demasiadas ocasiones del control de familias y docentes y que, por desgracia, los alumnos acosados suelen arrastrar desde su etapa en el colegio. "El que es débil lo es desde antes", arguye Madero, que señala que lo que en el colegio se tilda como 'cosas de niños' o peleas sin mayor importancia se convierte en un problema serio cuando se llega a la adolescencia. La "inercia" -y la impunidad- ayudan a que el acosador se engrandezca, presuma ante los demás alumnos, y continúe con sus actos de crueldad.

Precisamente, en la tarea preventiva los compañeros del aula juegan un papel esencial, aunque la mayoría de las veces suelen callarse por temor a la represalias del acosador. "Los que corean también pueden ayudar", apunta el director del Arjé, que también señala a las familias. "Ellas notan los cambios en el comportamiento de los chicos". La solución también se basa en las familias. Se trata de hablar con ellas para encontrar una salida y, cuando es necesario, se aplican los castigos que permite el Reglamento Orgánico del Centro (ROC), que prevé desde el cambio de clase a la expulsión.

Se pide a compañeros y padres que colaboren para poner coto a una situación que, por desgracia, está marcada por el ocultismo. Y no sólo en las aulas. Éste se traslada, incluso, a la propia administración educativa, pues el Observatorio de la Convivencia Escolar -órgano dependiente de la Consejería de Educación- lleva años sin publicar datos sobre el número de casos de acoso escolar que se denuncian o detectan en las aulas andaluzas. La Delegación de Educación tampoco quiso aportar datos sobre este problema en la provincia de Granada.

La implicación de las familias, los docentes, la dirección del centro y, por supuesto, la labor continuada de la orientación educativa cortaría de raíz cualquier atisbo de acoso. Así lo fija el protocolo andaluz de actuación para estos casos. Sin embargo, las carencias mencionadas dejan a medias la solución. El primer paso que han de dar los progenitores o tutores de la víctima es denunciar el caso en el centro educativo y si éste no prospera o es muy grave, acudir a la Justicia para que intervenga la Fiscalía de Menores. Si se tratara de un caso de ciberacoso, es fundamental guardar las pruebas que se tengan a través del móvil. En otros casos el escenario del acoso no es el centro educativo, sino la calle. Entonces los equipos directivos no pueden hacer nada, y es la Policía o la Guardia Civil la autoridad a la que se debe recurrir.

El acoso no acaba con la decisión que tome la Inspección educativa o con un fallo judicial. La víctima requiere de un tratamiento psicológico, pues la agresión continuada suele dejar secuelas importantes que producen cambios drásticos en el menor.