Cuatro de los ocho acusados por la presunta estafa inmobiliaria en la venta del antiguo estadio de Los Cármenes de Granada -dos ex directivos del Granada Club de Fútbol (CF) y dos promotores de la sociedad Lazasur, la entidad compradora- han negado hoy ante el juez cualquier irregularidad en la operación.

El juicio por esta presunta venta irregular, cuya instrucción judicial ha durado una década, se ha reanudado hoy en la Audiencia Provincial de Granada después de que el tribunal haya rechazado la petición de las defensas, formulada durante la primera sesión de la vista oral, de que se acordara el sobreseimiento de la causa.

Cándido Gómez, presidente del Granada CF cuando se cerró la venta del estadio a Lazasur por 2.236 millones de pesetas (unos 13,4 millones de euros), ha asegurado que, de no haberse llevado a cabo, el club habría desaparecido y los acreedores no habrían cobrado.

A diferencia de lo que mantienen las acusaciones particular y popular personadas en la causa -las ejercidas por el también ex presidente del club Alfonso Suárez y por un grupo de socios-, Gómez ha sostenido que de la operación se dio cuenta a la asamblea, que se convocó al efecto para analizar la posibilidad de vender el estadio al Ayuntamiento de Granada o a terceros.

Según ha explicado, inicialmente se ofreció la compra al consistorio por 1.600 millones de pesetas, si bien el ayuntamiento, que tenía prioridad de compra, lo rechazó porque le habían tasado el valor del estadio en una cantidad inferior -en concreto unos 1.400 millones-, por lo que no podía llevar a cabo la adquisición.

El ex presidente ha asegurado que se respetó la exclusividad del Ayuntamiento en la opción de compra, y que incluyeron la posibilidad de venderlo a terceros cuando el consistorio les dio vía libre.

Gómez, que niega haberse beneficiado de la operación, de la que percibió lo que se le adeudaba -cuatro millones de pesetas-, ha explicado que hizo gestiones con algunas promotoras que rechazaron la compra, hasta que la sociedad Lazasur, en la que se agrupan varias inmobiliarias granadinas, asumió la compra aceptando las condiciones impuestas por el club: destinar 200 millones de pesetas de la venta al Granada CF y asumir el pago con los acreedores.

Con ambas cosas cumplió Lazasur, según Gómez, que dice que ésta asumió incluso deudas que no estaban formalmente reconocidas.

Considera que la intención del Ayuntamiento, personado como actor civil en esta causa en la que la Fiscalía no acusa, al optar a la compra del estadio -hoy convertido en viviendas y un aparcamiento- fue la de "seguir explotando el estadio", aunque dice que en el consistorio "nunca" encontró ayuda: "Algunos me han engañado".

El ex presidente dice que los socios le dieron poderes para, "menos regalarlo", sacar a la venta el estadio por el precio que estimara oportuno, y lo hizo por "el máximo" para "salvar" al club.

Tanto Gómez como los otros tres acusados que han declarado hoy se han negado a contestar a las preguntas de las acusaciones, que han alegado "indefensión".

La declaración de Gómez ha sido secundada por el entonces asesor jurídico del club, Luis Rivas, cuya participación en la operación, ha dicho, consistió en redactar las normas de la salida a subasta del estadio, a la que sólo se presentó Lazasur sin que hubiera "impedimento alguno" para que cualquier otra empresa lo hiciera; asistir a la subasta, de la que se dio cuenta en prensa, y acudir a una reunión posterior a la compra para fijar los pagos y demás.

En la venta "no hubo ninguna irregularidad", ha sostenido Rivas en la sesión de hoy, en la que también han declarado dos de los promotores de Lazasur: Isidoro Moleón, que ha afirmado que pagaron más deudas de las acreditadas, y Manuel José Rodríguez-Acosta.

La vista, que continuará mañana con la declaración de los otros cuatro acusados -un ex directivo del club y otros tres empresarios-, se ha reanudado hoy después de que la Audiencia haya rechazado todas las cuestiones previas planteadas el miércoles pasado por las defensas, que solicitaban el sobreseimiento de la causa.