Hay fraude pequeño, fraude mediano y fraude grande, pero todos, absolutamente todos, son fraude. Si de algo se han encargado la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo es de concienciar a los ciudadanos y a los empresarios de que toda conducta irregular puede ser castigada, y de que las posibilidades de que lo cacen a uno son cada vez mayores. Pero, aún así, hay quien confía en quedar impune y continúa burlando la normativa para 'hurtarle' unos euros a Hacienda o a la Seguridad Social.

Así lo demuestran los últimos datos de balance de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, a lo largo de 2015 los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 101 inspecciones en empresas granadinas, de las que 3 fueron propuestas para sanción administrativa. Esta cifra es relativamente pequeña, peor mucho más importante es el número de compañías ficticias que han aflorado durante las investigaciones de los agentes: 26. Granada tiene el dudoso honor de ser una de las provincias donde se han destapado más empresas falsas, sólo después de Córdoba, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detectado 29. En el resto de provincias las cifras han sido bastante menores: se han hallado 17 empresas ficticias en Jaén; 15 en Málaga; 12 en Almería; 6 en Sevilla; y 5 en Huelva.

Además dentro de sus actuaciones de 2015, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han esclarecido 98 delitos, han realizado 9 inspecciones en centros de trabajo y han detectado 47 casos de falsedad documental. También han identificado a una víctima de explotación laboral, que ha sido liberada tras la intervención de los agentes.

El alcance del fraude cometido por estas empresas no ha sido menor, ni mucho menos. Según el balance de 2015, el valor del fraude detectado durante la campaña en Granada ha sido de 2,6 millones de euros, un 20% del total de Andalucía, donde la estafa por impagos a la Seguridad Social detectada a lo largo del año ha alcanzado los 13 millones de euros.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró que el valor del fraude cometido es el máximo exponente de la "gran labor" que realizan Policía Nacional y Guardia Civil en la lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con otros organismos de la Administración del Estado, a los que agradeció "el gran trabajo" que están realizando.

De hecho, Sanz destacó la importancia de la cooperación entre los distintos departamentos para combatir el fraude generado a las arcas del Estado por empresas ficticias, y señaló que el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha sido "fundamental".

La operación más importante realizada a lo largo del año pasado, que se desarrolló en Granada, Málaga, Almería, Madrid, Valencia y Alicante, fue la Operación Lente, en la que se detuvieron e imputaron a 251 personas por una estafa a las arcas públicas de casi 3,5 millones de euros. Granada también aparece en otra de las operaciones más destacadas: la Operación Baile, desarrollada de forma simultánea en la provincia y en Valencia, Alicante, Málaga, Huelva, Vizcaya, Pontevedra, Lugo y Madrid. En esta operación se investigó a 27 empresas constituidas que habían proporcionado altas a la Seguridad Social a distintas personas para, una vez alcanzados los periodos de cotización necesarios, propiciar el cobro de prestaciones de desempleo a 88 personas. Además, estas empresas ficticias facilitaron los documentos necesarios para la regularización administrativa de 11 personas extranjeras. Tras la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la operación se saldó con 65 detenidos y 23 imputados.