"Pepe, en tus manos está arreglarlo. Perdón, en las manos de Pepe y de Isabel". El exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y su concejala de Urbanismo Isabel Nieto tuvieron involucración directa en las operaciones urbanísticas que abrieron la investigación del Caso Nazarí por el que han sido detenidas 16 personas, entre ediles, funcionarios y empresarios. Los dos responsables políticos recibieron escritos directos y personales de los denunciantes, pero además, en el caso del Pabellón Mulhacén, esas misivas remitidas vía Registro desvelan reuniones entre ambos políticos y empresarios.

El constructor que llevó ese caso a la Fiscalía, Ramón Arenas, envió en agosto de 2015 una carta directa al entonces alcalde y a la concejala de Urbanismo (a la que ha tenido acceso Granada Hoy) en la que reiteraba sus quejas por haber resultado perjudicado en beneficio del promotor García Arrabal. Pero no solo se refiere allí al caso concreto del Pabellón Mulhacén, sino que Arenas hace un recorrido por los supuestos tratos de favor que el Ayuntamiento de Granada había dispensado a ese mismo empresario u otros durante los últimos años y en la actualidad con otras actuaciones como la de las pistas de pádel del Campus de la Salud, la residencia que pretendían impulsar en esa misma zona o el inexistente equipamiento deportivo en Parque Lagos. "¿Es coincidencia siempre los mismos actores? Es decir, García Arrabal, Urbanismo y ustedes?", expone el denunciante en su carta a Torres Hurtado y Nieto.

Al inicio de su escrito hace referencia a una reunión mantenida el 3 de septiembre de 2013 en el despacho del alcalde para tratar el asunto del Pabellón Mulhacén, una concesión de terrenos del Ayuntamiento a García Arrabal en la que se le dieron 333 metros que correspondían a la parcela de al lado, que era propiedad de Ramón Arenas. Al parecer, por aquella época ambas partes trataban de encontrar una solución negociada para evitar una querella del ahora denunciante. A su juicio, "todo se arreglaba entre bastidores", según consta en el escrito.

Arenas le recuerda a los dos políticos en su carta que al finalizar aquel encuentro él se despidió con la expresión antes reproducida y dejó el arreglo del asunto en manos de Torres Hurtado. Pero el denunciante dice que la concejal hacía signos de negativa con sus manos y que llegó a decirle al exalcalde: "Pepe lo arreglaría pero yo no, yo soy más mala".

El empresario acusa a la edil en aquel escrito (que resume lo que él mismo trasladó a la Fiscalía por aquellas fechas) que sus resoluciones "a sabiendas de que no es competente" para hacerlas y que son "injustas", serían una demostración de su "prevaricación".

De la lectura de su escrito se desprende que este empresario se siente agraviado con respecto al trato que reciben otros en la ciudad y, en particular, García Arrabal, aunque también menciona a la empresa Comarex. En referencia directa al Pabellón Mulhacén, que hoy alberga Don Patín, Arenas les recuerda a los políticos que "han eximido al adjudicatario (García Arrabal) de hacer el proyecto conforme al concurso" y que se contemplaban tres pistas al aire libre con zona ajardinada que se han convertido en un establecimiento de McDonald's.

Este empresario no es el único que advirtió al alcalde de las consecuencias jurídicas que podría tener su actuación o su falta de acción para contrarrestar decisiones de otros políticos y técnicos. La familia de pequeños propietarios que denunció el caso de la urbanización Ciudad de la Luz (junto a Kinépolis) también ha presentado en instancias judiciales documentos que confirman que el entonces primer edil estaba al tanto de que el promotor José Julián Romero obtuvo licencia de primera ocupación para sus 300 viviendas en aquella zona sin haber realizado al completo las obras de urbanización de toda la zona.

La implicación del alcalde y su concejal de Urbanismo en la investigación del Caso Nazarí no parece tangencial por elevación de responsabilidades ante una posible actuación delictiva de los técnicos. De hecho, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) hecho público ayer por la Cadena Ser, se pone de relieve que los investigadores sitúan a Torres Hurtado y Nieto al frente de la supuesta trama de corrupción urbanística que se está investigando en Granada.

Por tanto, las pesquisas desarrolladas hasta la fecha no involucrarían a los responsables políticos por omisión de su deber de fiscalizar a los técnicos, sino que se buscan pruebas de su implicación directa en el supuesto fraude que podría haber provocado un perjuicio económico millonario para la ciudad, además de para otros particulares, en beneficios de algunos promotores.

Según la misma información difundida ayer, los informes policiales que se siguen elaborando desvelan que Torres Hurtado utilizaba las Concejalías que más le convenían para tramitar licencias. Al parecer consta que iban alternando la de Medio Ambiente y la de Urbanismo para otorgar las licencias en función de cada proyecto. "Cambiaban la estructura del Ayuntamiento a su antojo", citan a los investigadores.

Esto es coincidente con la denuncia del empresario Ramón Arenas, que en su escrito le reprocha a la entonces concejal de Urbanismo que tomara ciertas decisiones correspondientes a su licencia y que eran responsabilidad de la Concejalía de Medio Ambiente, con competencias en este tema desde unos años atrás.

La misma emisora citada insistía ayer en que los agentes de la UDEF siguen investigando las participaciones que el exalcalde de Granada podría tener en varias empresas constructoras. También se podrían estar haciendo averiguaciones sobre operaciones inmobiliarias de familiares de Torres Hurtado, como su hermano, con intereses en varias empresas.

Uno de los temas que los investigadores analizan es la construcción del edificio en Obispo Hurtado donde el propio exalcalde y la exconcejal de Urbanismo tienen sus viviendas y donde fueron detenidos el pasado 13 de abril. Esta construcción fue promovida por una Comunidad de Vecinos, cuyo representante era el mismo hermano de Torres Hurtado, según consta en documentos del área de Urbanismo.

Este inmueble se realizó con unas deficiencias técnicas que al salir a la luz supusieron una elevada sanción para los constructores. Esa multa fue reducida más adelante, y los políticos investigados podrían no haberse inhibido para tomar las decisiones que les afectaban directamente.

Tanto los denunciantes como algunos de los testigos que ya han prestado declaración coinciden en atribuir a los dos políticos implicados en la investigación la facultad de "apartar" a los funcionarios que no eran favorables a sus pretensiones. Así lo denunció el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, en su declaración ante la juez María Ángeles Jiménez (la misma del caso Nazarí) que en otoño pasado instruía el caso Serrallo.

En aquella comparecencia como testigo y perito el funcionario denunció prácticas habituales en Urbanismo de supuesta ocultación de documentos, informes a medida y represalias contra funcionarios que no estaban de acuerdo con ciertos temas y culpaba directamente de ello a Isabel Nieto. Este testimonio fue clave para que la Policía Judicial y la UDEF comenzaran sus pesquisas sobre una supuesta trama de corrupción urbanística encabezada por el entonces alcalde del PP y su concejal de Urbanismo. Desde entonces y hasta las detenciones del pasado abril se han revisado operaciones en terrenos y promociones de la capital desarrolladas desde hace más de una década y se ha tomado declaración en la Policía a funcionarios y empresarios vinculados con la posible trama en diferentes épocas.