Un nuevo cauce para la memoria. Numerosos familiares de granadinos desaparecidos durante la Guerra Civil acuden diariamente a la oficina del Defensor del Ciudadano, Melchor Sáiz-Pardo, para asesorarse y pedir información.

El requerimiento del juez Baltasar Garzón al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y al rector de la Universidad e Granada (UGR), Francisco González Lodeiro, de datos sobre los enterrados en fosas comunes ha provocado que en los últimos días haya aumentado "de forma considerable" las reclamaciones en la oficina. Piden, según señaló el Defensor, saber "dónde están enterrados sus familiares", a efectos de poder "darles una sepultura digna". Pero quieren, además, "que el Estado reconozca que estas personas murieron por el país". El anuncio de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista es, según señaló, un asunto que "aún está verde". Sin embargo, la oficina del Defensor ya se ha ocupado de redactar numerosas cartas dirigidas a la Junta de Andalucía con este objetivo. Para acelerar el proceso, Sáiz-Pardo ha pedido la delegada de Justicia de la Junta en Granada, Begoña Álvarez, una reunión que, según indicó, tendrá lugar próximamente.

Sin embargo, el Defensor precisó que desde la oficina no se enviarán listas ni información alguna sobre los desaparecidos a las instituciones o autoridades. Para ello, según valoró, "ya hay asociaciones que hacen un gran trabajo".