La discreción institucional con la candidatura del acelerador de partículas de Granada ha pasado a un segundo plano. Del secretismo, los organismos implicados han pasado a una 'disputa' en la que la Junta le pasa la pelota del liderazgo a Gobierno central y éste se la devuelve cual frontón. Una batalla política que, sin embargo, esconde una muy buena noticia para el avance de la propuesta. Y es que tanto el Ejecutivo autonómico como el nacional reconocen el interés por colaborar con esta infraestructura y limitan la discrepancia a una falta de comunicación a la hora de fijar la oferta económica. Asimismo, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada también manifestaron un gran interés por atraer esta iniciativa.

Así, mientras el Ministerio de Economía y Competitividad mantiene que le envió un documento a la Junta para financiar al 80-20 la participación española, la Consejería de Economía y Conocimiento asegura que está a la espera de que "se aporten las explicaciones y detalles que estime convenientes" el Gobierno. En definitiva, la candidatura granadina para albergar el macroproyecto científico IFMIF para crear futuros reactores de fusión se encuentra en el punto de dirimir el convenio económico y asumir responsabilidades por todas las partes para que la oferta sea más atractiva que la de su rival Polonia. En principio, España tiene hasta junio para convencer al organismo europeo Fusion for Energy (F4E), que decidirá el país que se queda con la infraestructura. No obstante, si hay disponibilidad real la propuesta se podría demorar hasta otoño, cuando se inicie el próximo curso académico.

Por su parte, fuentes de la secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación explicaron que es la Junta la que "tiene la pelota en su tejado", ya que debe completar la propuesta remitida por el departamento que dirige Luis de Guindos y devolvérsela a éste para que se avance en la candidatura. En concreto, el Gobierno está dispuesto a asumir unos 120 millones de euros de los 300 que debería financiar la candidatura española. De esta forma, el Estado costearía el 80% de la financiación que correspondería a las administraciones españolas y la Junta, el 20% restante. La inversión total del proyecto ha sido cuantificada en unos 600 millones de euros aunque esa cantidad variará en función de lo que aporten los socios internacionales. Además, desde la Secretaría de Estado afearon la actitud del consejero Antonio Ramírez de Arellano por desviar la responsabilidad hacia el Gobierno.

La Junta no tardó en contestar al Ministerio para reiterar su apoyo a la candidatura, un asunto que, según matizó el Ejecutivo andaluz "es iniciativa y responsabilidad del Gobierno de España". Se trata de un "apoyo y disponibilidad" que viene "reiterándose" desde la Consejería de Economía y Conocimiento desde hace un año en las sucesivas reuniones mantenidas con la Secretaría de Estado e I+D. Según la Consejería, la última reunión entre ambas administraciones se produjo el pasado 26 de abril. Ahí se produjo la discordia, según la Junta, pues "la Secretaría de Estado planteó un escenario en el que el Gobierno no hacía ninguna aportación propia al proyecto, reclamándosela a la Junta de Andalucía. Es decir, Andalucía no podría usar sus propios Feder para la cofinanciación requerida".