Las diligencias penales que existen en el Juzgado de instrucción 6 de Granada por los supuestos vertidos procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Prisión Provincial se han ampliado con una nueva denuncia de los propietarios del Cortijo Las Torres, que ejercen la acusación popular en la causa y que han detectado en las últimas semanas supuestas nuevas emisiones en el caudal del Arroyo Juncal.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el esposo de la dueña de la finca cuya denuncia dio origen al caso, Antonio M.C., puso en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) el pasado 26 de marzo esos presuntos nuevos vertidos. Su aviso provocó que un agente se trasladara al lugar de los hechos "a fin de comprobar la información recibida", dados los antecedentes documentales del caso existentes en esta unidad especializada, que ya ha realizado otras actuaciones en el marco de la instrucción judicial.

La visita del Seprona al arroyo presuntamente afectado dio lugar a un atestado que fue remitido al juzgado para la ampliación del expediente judicial del asunto. En ese documento, el agente hizo constar que el mismo día de los supuestos nuevos vertidos se efectuó una inspección técnica ocular, durante la que comprobó que "en el colector de la EDAR del Centro Penitenciario Provincial de Albolote, en el punto de vertido al cauce del arroyo Juncal, en una apreciación visual, se observa el agua transparente, con ausencia de sólidos en suspensión y carente de olor". No obstante, siguiendo el curso del arroyo sí apreció el guardia civil "la existencia de espuma de color marrón-rojiza retenida en las márgenes de dicho cauce". Asimismo, observó "una coloración marrón en el agua estancada en pequeños remansos existentes a unos 700 metros aguas abajo del punto de vertido". El agente se entrevistó después con el denunciante, que le informó de que "la anomalía en la calidad del agua de vertido se estuvo produciendo en la noche del día anterior" y le precisó que él comprobó el mal estado del agua del arroyo a la mañana siguiente.

El atestado del Seprona fue remitido en los primeros días de abril al órgano que dirige el magistrado Francisco Javier Zurita, quien dictó un auto, fechado el 6 de abril, en el que acordó acumularlo a la causa que se sigue en su juzgado, que continúa en fase de instrucción.

Las fuentes del caso consultadas por este diario indicaron que el pasado 25 de abril también se detectaron nuevas posibles emisiones que fueron igualmente comunicadas al juez. A este, la acusación popular, que está representada en el proceso por el despacho Ruiz-Rico Abogados, pidió en mayo que se realice un nuevo informe pericial sobre "el estado actual de la depuradora" del presidio, así como que se adopten las medidas necesarias para "evitar" posibles riesgos a la salud por estos hechos, "dada su persistencia en el tiempo".

Se da la circunstancia, como ayer avanzó Granada Hoy, de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dar la razón a los dueños del Cortijo Las Torres en otro pleito distinto, seguido en la vía contencioso-administrativa contra la Junta de Andalucía, por los graves daños que causaron en la finca las aguas pluviales en los años 2009 y 2010, debido a la creación, según las fuentes consultadas, de un cauce artificial a raíz de la construcción del penal. Los afectados serán indemnizados con 900.000 euros.

El caso se remonta a 2010, cuando Elena G.G., propietaria del cortijo, formuló una denuncia, en la que inicialmente también incluyó los daños que habían causado esas inundaciones. El juez que se hizo cargo del asunto fue Miguel Ángel del Arco, que se jubiló el año pasado. En la causa se trata de esclarecer si se ha cometido una posible prevaricación ambiental omisiva por parte de los funcionarios responsables en materia medioambiental que no pusieron remedio a la situación y otro posible delito contra el medio ambiente.

Entre las personas que han sido citadas a declarar como investigadas hasta ahora destacan altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre ellos su presidente. En la causa también está personada la Abogacía del Estado, que llegó a pedir su archivo.