Mientras se sigue buscando el consenso entre los dardos de la herencia recibida y la defensa de una oposición que conoce los mecanismo de gobierno, la situación financiera del Ayuntamiento de Granada continúa en una situación alarmante. Así lo constató el nuevo equipo de gobierno en el pleno ordinario de ayer, en el que se procedió a dar cuenta de los informes de Intervención que advierten de una preocupante quiebra técnica, que obligara a los socialistas a presentar con urgencia un nuevo plan de saneamiento de las cuentas municipales en el que están trabajando desde ya.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, detalló antes de que se celebrara el pleno que estos informes oficiales demuestran que Granada ha incumplido la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto con una cantidad que no resulta muy llamativa, 185.900 euros, pero que evidencia a su juicio la necesidad de aprobar un nuevo plan de saneamiento. Esta medida se aplicará en las próximas semanas para recuperar la estabilidad presupuestaria, después de que en los últimos meses se haya incumplido además el plan de ajuste y se haya triplicado el periodo medio de pago a proveedores que permite la ley, entre otros parámetros que sitúan a esta entidad local "al borde de la intervención", según el edil socialista.

Oliver puso el foco sobre la "malísima situación económica" del Ayuntamiento durante la etapa de gestión del PP, de la que arrastra más de 66 millones de euros de obligaciones pendientes de pago. "A estas alturas no se han pagado 22 millones de euros a Inagra y con Rober hay facturas por valor de once millones", lamentó el concejal de Economía, quien supeditó el nuevo plan económico como las medidas de urgencia que deben tomarse para "parar la tendencia al abismo" a la que se dirige el Consistorio.

El documento ya fue encargado por el anterior gobierno del PP y está en marcha por los servicios técnicos del Ayuntamiento, de modo que cuando se conozca de forma exhaustiva se abordará con el resto de grupos municipales qué medidas son susceptibles de aplicación y cuáles no. Junto a ello, el Ayuntamiento ha incumplido la regla de gasto, con un exceso de 7,5 millones de euros; mientras que el plazo medio de pago a proveedores alcanzó en marzo los 93 días frente a los 30 que exige la ley, estando previsto que supere los 120 días en los próximos meses.

Oliver alertó de la posibilidad de que, "en cualquier momento", la Junta de Andalucía imponga al Ayuntamiento medidas para rebajar este periodo medio de pago y, en caso de no conseguirlo, el Gobierno pueda retirar fondos municipales de la Participación en los Ingresos del Estado para hacer frente a esos pagos.

Por otra parte, el portavoz socialista apuntó que "no se está cumpliendo en absoluto el plan de ajuste" e hizo alusión a las valoraciones del interventor respecto al riesgo de que la situación financiera se "deteriore" en los próximos meses.