El plan de pago a proveedores permitió que miles de autónomos y pymes vieran saldadas las deudas insostenibles que los ayuntamientos habían acumulado con el paso de los años y la irrupción de la crisis, pero a cambio endeudó hasta las cejas a las corporaciones locales, que en muchos casos han visto crecer de forma exponencial sus créditos y se encuentran al borde de la "asfixia" económica. Llegados a este punto, la única opción "justa y valiente", según el PSOE, sería la negociación de una quita y el establecimiento de una moratoria de dos años de la amortización de capital que los consistorios que se acogieron al primer plan deberán empezar a abonar el próximo mes de agosto.

Así lo aseguró ayer la secretaria de Política Municipal del PSOE, Olga Manzano, que recordó que en algunos casos la cuantía de esta amortización triplica lo que pagan en la actualidad. Con estas medidas, que serán debatidas en los plenos de los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación, el PSOE pretende evitar "la asfixia económica de los ayuntamientos", que no tendrán más remedio que cumplir lo establecido en el plan de ajuste con "la reducción de costes de personal, la supresión de servicios impropios, la imposibilidad de realizar inversiones recurriendo a endeudamiento o la subida de tasas".

"El Gobierno tiene que ser consciente de esta situación y ayudar a los ayuntamientos para que puedan seguir funcionando", explicó Manzano, que reiteró que estas medidas evitarían que los consistorios, "con independencia de su color político", acabaran eliminando "servicios públicos de calidad que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía".

Según la información facilitada por el PSOE granadino, en torno a 90 ayuntamientos de la provincia se acogieron al primer plan de pago a proveedores y, por tanto, tendrán que empezar a pagar capital derivado de los préstamos suscritos el próximo mes de agosto.